El Ayuntamiento de Benito Juárez ha aprobado por unanimidad la creación del Instituto de Regularización Patrimonial, un organismo público descentralizado que continuará con la labor de otorgar certeza jurídica a los habitantes de Cancún. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, destacó que esta iniciativa beneficiará a más de 350,000 personas que durante años han vivido en asentamientos irregulares.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Cabildo, Peralta subrayó que, hasta la administración pasada, esta problemática no había sido atendida adecuadamente. Señaló que el gobierno anterior invirtió más de 340 millones de pesos en la urbanización de colonias recientemente municipalizadas, como Sacbé, Tierra y Libertad 1, 2 y 3, y Las Norias, beneficiando a miles de habitantes. En total, 73 asentamientos están en proceso de regularización, con cinco completamente urbanizados y otros cinco en ejecución.
La presidenta municipal también resaltó la colaboración con la iniciativa privada y notarios públicos para ofrecer descuentos y subsidios en los procesos de escrituración, facilitando así la obtención de títulos de propiedad para los ciudadanos.
Además, el Cabildo reconoció como vías de uso público las vialidades de las Supermanzanas 68 (colonia Donceles), 58 (Villas Playa Blanca) y 309 (avenida Colegios), con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana en estas áreas.
En la misma sesión, se turnó a comisiones unidas una iniciativa para modificar varios reglamentos municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, lo que permitirá que los policías municipales porten cámaras de solapa, incrementando la seguridad tanto de los ciudadanos como de los elementos de la corporación.
Finalmente, se aprobaron convenios con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para la ampliación y mejora del Centro de Control de Semáforos; con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) para el mantenimiento de las áreas verdes del Parque de la Equidad; y con la Secretaría de Gobierno estatal para la descentralización de la política de población.
