A raíz de que se diera a conocer que Agustín Carstens fue designado gerente general del Banco de Pagos Internacionales, por lo que tendrá que dejar su posición como gobernador del Banco de México cuatro años antes de la conclusión del período para el que fue investido, se han desatado toda clase de interpretaciones y suposiciones al respecto.
Desde las que teorizan acerca del impacto que podrá suponer en nuestra economía, las que se relacionan con el perfil del que será su sucesor, hasta las mal intencionadas que se refieren a su situación personal.
Habrá que empezar por entender que todo profesional de cualquier disciplina aspira a culminar su carrera en el tope de la misma, es decir, alcanzar la posición de mayor envergadura en el marco de su actividad.
Para un banquero central ese lugar es el Banco Internacional de Pagos, lo que significa que Carstens ha logrado la cúspide de su carrera y su postulación como su nombramiento no sólo requirieron de un amplio concenso entre quienes tuvieron la facultad electiva, sino que representan la confirmación de su prestigio internacional.
Resulta contradictorio, incluso mezquino, que las voces orientadas por los intereses políticos quieran calificarlo como un traidor a la patria. Eso no sólo es absurdo, es simple, y llanamente hipócrita.
Por ejemplo, aun cuando se trate de otra disciplina y la analogía no tenga la misma trascendencia, cuando Javier “Chicharito” Hernández se fue de las Chivas del Guadalajara al Manchester United de Inglaterra, no recuerdo que la afición de ese equipo lo haya señalado como traidor, por el contrario.
Son posturas hipócritas porque no hay nadie que en una situación similar no hubiera tomado la misma decisión que tomó Agustín Carstens.
Acusarlo por ello es una estrategia para seguir fomentando confusiones, para incrementar el llamado enojo social y con ello procurar ambientes negativos para la próxima elección presidencial. Lo que hay que seguir preguntándose es ¿A quién beneficia la tergiversación, el linchamiento?
No se puede pretender que las facultades y responsabilidades que recaen en el gobernador del Banco de México obliguen a que las virtudes de la persona estén por encima de la institución.
Que si bien es cierto que Carstens es el profesional más distinguido, no existan otras personas con la experiencia y capacidades para suplirlo, sólo porque no tengan el mismo nivel de exposición.
No se puede negar que, independientemente de las funciones específicas que corresponden al gobernador del banco, un componente esencial es que el historial de su desempeño conlleve un factor fundamental: la confianza que se desprende de ello.
Carstens ciertamente aportó esa seguridad, sin embargo eso no significa que la estabilidad económica del país dependa exclusivamente de una persona, porque entonces lo que se pondría en entredicho es la fortaleza de la propia institución.
Esto derivaría en dejarse seducir por mitos en los que el protagonismo individual construye imágenes de entes superiores que alcanzan niveles de figuras mesiánicas infalibles y que por ello se parezcan más a las de un dictador que a las de un funcionario público que no puede eternizarse en ninguna posición.
El verdadero debate no es la renuncia de Carstens, sino la correcta elección de quién ocupara su lugar y que éste mantenga y respete las políticas adecuadas que son obligación del banco.
En nuestro país siempre ha existido y persiste la tentación de colocar en puestos que requieren de una gran preparación académica y experiencia en temas como en este caso -que necesariamente dependen del conocimiento-, a personajes políticos, ya sea por pertenencia a un grupo e incluso por amiguismo.
La coyuntura que puede generar incertidumbre es esa posibilidad, que el presidente de la República proponga un personaje que no sea el idóneo a cambio de cumplir con otros objetivos, que nada tengan que ver con el mandato del Banco y que por ello ponga en riesgo la autonomía que le corresponde.
De acuerdo con la Ley del Banco de México, el presidente Peña Nieto puede proponer al Senado a uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución para que supla la ausencia, o bien designar a uno de los cuatro subgobernadores en funciones.
Como ellos mismos son los miembros de la Junta, parecería que ese filtro conduce en una sola dirección y la Ley de la institución contempla, que en ausencia del gobernador en funciones, el subgobernador con mayor antigüedad deberá suplirlo hasta el término del período contemplado.
Si se diera el caso de que dos o más subgobernadores tuvieran la misma antigüedad, la misma Junta de Gobierno puede elegir de entre ellos a un interino.
Por lo tanto, lo más lógico sería precisamente tomar esas opciones haciendo de lado otras consideraciones que supongan la probabilidad de postular a otra persona.
Twitter@vazquezhandall
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