Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
En el México de hoy hay 53 mil muertos del crimen organizado contabilizados a junio con apenas 18 meses del nuevo gobierno, según cifras oficiales.
En 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, se habían registrado el año con menos homicidios del México moderno con 8,867 muertos, una tasa de 8.2 por cada 100 mil habitantes, contabilizando los últimos 10 años desde 1997.
Sin embargo, para 2009 la cifra se duplicó y en 2011 se llegó a lo que se pensó era la cúspide de la violencia con 27,213 casos lo que triplicó la tasa a 24 por cada 100 mil habitantes.
Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra llegó a 33,341 asesinatos desplazando por mucho las cifras de 28,666 víctimas al cierre de 2017.
Para el uno de diciembre de 2018, la cifra sumaba 238 mil víctimas horas antes de entregar al nuevo gobierno la estafeta. Ese diciembre de 2018, durante el primer mes de Andrés Manuel López Obrador, la cifra fue de 2,842 asesinatos, un diez por ciento más que en el mismo mes de 2017.
A esas cifras se le suman las de 37 mil a 50 mil desaparecidos, según diversas fuentes, incluido el Inegi.
Hasta 2018 el impacto económico para el estado mexicano era de 4 billones, 72 mil millones de pesos, equivalente al 21 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Hasta hoy, según la cifras que se dieron a conocer esta semana, ya rebasamos los 40 mil decesos por la pandemia de Covid-19, pero el dato subestima enormemente el número real de muertes por esa enfermedad.
El director del programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo en la región, el mexicano Luis Felipe López-Calva, declaró a la BBC de Londres que “la tragedia es peor de lo que creemos”.
La microbióloga e investigadora de la UNAM, Laurie Ann Ximénez, dice que el gobierno no ha empleado medidas de contención y que al llegar a la fase dos, prácticamente tiraron la toalla y coloca a México entre los países, según registros oficiales, con los índices más elevados en contagios y decesos del virus.
México, dice, ha tenido uno de los peores manejos de la pandemia, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil.
Así, el país probablemente sume 100 mil muertos este mes si consideramos la escalada de violencia del crimen organizado y el número creciente de fallecimientos por el virus de esa rara influenza todavía sin vacuna.
Nadie puede achacarle la culpa al presidente López Obrador por la violencia del narcotráfico. Tiene demasiados años sin que haya una contención exitosa y menos del legado oscuro de una pandemia que nadie sabía podría ser tan letal.
Lo que si es una realidad, es que el presidente es el responsable del Estado mexicano y él sabía tanto del problema del narco, como la frágil economía y la debilidad del sistema de salud y si tiene responsabilidad absoluta desde que tomó posesión.
El presidente hizo campaña 18 años antes de ceñirse la banda al pecho y ofreció sacarnos de la mediocridad de crecer a ritmos del 2 por ciento del PIB y dijo muy ufano que él tenía la fórmula para acabar, casi de inmediato, con la violencia y las muertes del crimen organizado.
En los tres rubros el presidente ha fallado. No se ha contenido la violencia, se ha desplomado la economía al grado de que ya no quiere medirla con base en el PIB, como se hace en todo el mundo, y destruyó un endeble y débil sistema de salud para imponer otro que nunca ha tenido ni pies ni cabeza y que terminó por agravar la frágil y débil reacción que su gobierno, con irresponsabilidad, adoptó para una pandemia que avisó con tiempo que llegaría al país, pero se desestimó en gravedad y permanencia.
Los estados se han plegado a las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y las manifestaciones de varios de ellos por el manejo errático han llevado a formar frentes de gobernadores que no sólo exigen más recursos sino que denuncian que el responsable es poco confiable, hasta para los gobernadores emanados de su partido.
El gobierno federal ha mantenido su estrategia de “austericidio” como la consideran muchos analistas, y no sólo no ha dado incentivos ni concesiones en pagos de impuestos, sino que los apoyos se han restringido a pequeños comerciantes sin avocarse a evitar el cierre de las 10 mil empresas que generan más de un millón de empleos que hoy están desahuciadas.
La cifra llega a 12 millones de desempleados agravada porque el país ya venía en una recesión que se agudizó por los efectos de la pandemia.
