Punto de equilibrio, por: Francisco Guerrero Aguirre.
De acuerdo con el estudio Perspectivas
Económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el
desarrollo, publicado por OCDE, ONU y CAF, la región está viviendo una
creciente desconexión entre ciudadanos e instituciones públicas que, en última
instancia, debilita el contrato social.
El estudio destaca la disminución en los
niveles de confianza en los gobiernos, con cifras que pasaron de un 45% en el
2010 a 25% en el 2017. A eso se agrega una baja satisfacción con los servicios
públicos, con tan sólo un 41% de satisfacción en materia de educación y un 56%
en salud.
La existencia de instituciones débiles y
con capacidades insuficientes también está en la raíz de dicha desconexión.
Según el estudio, 87% de los países de América Latina y el Caribe tiene una
puntuación negativa en el índice del Estado de derecho y 79% de los
latinoamericanos consideran a sus gobiernos corruptos (12 puntos más que en
2010).
Estas cifras se dan a pesar de avances
institucionales con la implementación de nuevas herramientas para promover
gobiernos más abiertos y transparentes. Aunque existen mejoras, la percepción
negativa de los ciudadanos persiste como resultado directo de los escándalos
mediáticos magnificados por las redes sociales.
De acuerdo con el estudio, 62% de los
países de la región han adoptado estrategias nacionales de gobierno abierto.
Paradójicamente, existe una mejora en los índices de gobierno electrónico, así
como ligeros avances en el denominado Índice de mérito en el servicio civil.
La desconexión entre la sociedad y las
instituciones no es un elemento nuevo en la discusión sobre los desafíos para
la democracia y el desarrollo. Sin embargo, es evidente que dicha desconexión
es cada vez más profunda, incidiendo en el funcionamiento de los sistemas
democráticos y en la interacción entre gobernantes y gobernados.
La pérdida de confianza en las
instituciones, la insatisfacción con los servicios públicos y el desencanto
generalizado de la población con la incapacidad de los sistemas democráticos
para procesar las demandas ciudadanas debilitan el “contrato social” entre el
Estado y sus ciudadanos.
Si se quiere disminuir la “erosión
democrática” que se alimenta de la desilusión y la desconfianza, es
fundamental, como indica el estudio, contar con instituciones fuertes que
cumplan con las expectativas de los ciudadanos. Sólo en la medida que se
revitalice e incluso que se reformule ese nexo fundamental entre
Estado-ciudadanos-mercados será posible superar el desencanto ciudadano con sus
sistemas democráticos.
Es urgente construir una “democracia en
ejercicio” que vaya más allá de la realización de elecciones periódicas. Los
gobiernos emanados del voto deben evitar una ruptura del contrato social entre
Estado y ciudadanos, a través de una buena gestión pública que acredite su
legitimidad social, recuperando la confianza de la gente a través de resultados
concretos que se reflejen en la calidad de vida.
Por ello, es fundamental, como indica el
estudio, “fortalecer el Estado de derecho con el fin de promover instituciones
más incluyentes en un contexto de captura de políticas públicas, corrupción,
criminalidad e impunidad”.
Todo lo anterior requiere de buena
gobernabilidad, de instituciones sólidas, de un sistema efectivo de pesos y
contrapesos entre los poderes del Estado, de condiciones mínimas para el pleno
ejercicio de la ciudadanía, de madurez cívica de todos los actores y de la
búsqueda de consensos para afrontar los retos que plantean la desigualdad, la
violencia y la corrupción.
BALANCE
Hoy más que nunca es imprescindible contar
con Estados, instituciones y políticas públicas más eficientes, eficaces,
confiables e innovadoras en el cumplimiento de sus funciones, que den respuesta
a las exigencias de los ciudadanos y que fortalezcan el vínculo con los mismos
para allanar el camino hacia la recuperación de la confianza en el sistema
democrático.
También es imprescindible una cultura de
integridad y transparencia. De todo eso dependerá el crecimiento inclusivo, el
desarrollo integral y la estabilidad política de la región, así como el
afianzamiento de la democracia. La agenda del futuro pasa por construir nuevos
mecanismos de control ciudadano en el ejercicio del gobierno. Menos retórica,
más confianza en las instituciones y, como consecuencia, mejores resultados.
*Los puntos de vista son a título
personal.
No representan la posición de la OEA
