Por Francisco López Vargas
Y aquí vamos de nuevo. Ahora las elecciones serán en el Estado de México, Coahuila y Nayarit y las cosas no pintan para bien. Desde personajes impresentables como Humberto Moreira hasta prácticas clientelares nefastas como el gabinete presidencial en pleno comprando voluntades, pasando por una candidata manchada por la sospecha de corrupción y otra con la certeza de que no será quien gobierne y el tufo de que su presupuesto estatal, de ganar, serviría para financiar la campaña de su padrino.
Por desgracia, nada de eso es nuevo. Lo grave es que hay quienes ya se acostumbraron a ello.
Es como si la vida política nacional no tuviera remedio y eso parece. La declaración del ex presidente Felipe Calderón de cómo Humberto Moreira protegía a los Zetas en Coahuila y que le pidió que no enviara a la Marina, es un escándalo lo mismo que la inacción de un presidente que podría haber actuado a favor de la gente de esa entidad y evitado el saqueo, las matanzas, la complicidad de un ex gobernador cuyos colaboradores están casi todos presos por lavado de dinero y su suegra tuvo que deshacerse de una casa en Estados Unidos a petición de la Corte de ese país.
¿De qué nos sirve elegir gobiernos que nos dejan indefensos?, ¿de qué nos sirve elegir gobiernos que sus miembros son mafiosos y peores que muchos delincuentes conocidos?, ¿vale la pena seguir apostándole a un sistema político que se muestra agotado porque la oposición y el gobierno no significan diferencia?
A quienes nos tocó luchar por el cambio político en México desde los 70´s nos queda más que el sabor de boca de haber vivido en las crisis perennes y ahora en la insatisfacción de una lucha no terminada. Hay avances, pocos, muy magros, pero todos son insuficientes cuando ni siquiera puede haber equidad electoral.
El gobierno, el garante de la aplicación de la ley, no sólo no la respeta sino que usa su presupuesto y su aparato burocrático para emprender una cruzada para sostenerse del presupuesto, de la dádiva para una ciudadanía empobrecida que no alcanza a salir del profundo agujero que significa vivir con salarios mínimos.
El presidencialismo, visto como los sexenios perpetuos del PRI y los dos frustrantes del PAN, ha dejado claro que no funciona, que los partidos han abusado en exceso de sus privilegios y sus gobiernos se han mimetizado al extremo de no ver diferencia en Morelos, por ejemplo, entre Graco Ramírez y Jorge Carrillo Olea; o de Gabino Cué y el Ulises Ruiz o Pepe Murat en Oaxaca.
Los gobernadores no han dejado de ser los virreyes de este país con presidentes que cada vez son más débiles, más sumisos y hasta complacientes en aras de una gobernabilidad que tampoco llega y que sí hace campear la corrupción y la impunidad.
Los ejemplos de que el país no aguanta los vemos en el Veracruz de Javidú, el Quintana Roo de Roberto Borge o el Puebla de Mario Marín con Calderón y Fox o el de Moreno Valle ahora con Peña Nieto.
Lo peor es que tampoco son diferentes de Mario Villanueva, Arturo Montiel, Roberto Madrazo, Fidel Herrera, Leonel Godoy o Guillermo Padrés, el de Sonora.
El financiamiento de las campañas presidenciales por parte de los gobernadores parecieran comprarles no sólo impunidad sino también entregarles la franquicia de su partido para hacer lo que a ellos les convenga.
En Yucatán lo vimos con Patricio Patrón que al jugársela con Calderón permitieron que impusiera a Xavier Abreu Sierra con los resultados ya conocidos. Madrazo, presidente del PRI sin presidente de la república priista, operó igual: le daban dinero y dejaba a cada gobernador apropiarse no sólo del partido sino de su estado para imponer a quien quisiera.
En ambos casos los presidentes de otro partido no actuaron o porque no quisieron o porque no les importó. Peña fue un poco distinto: los gobernadores que dejaban el cargo pues poco podían aportar pero sobre todo lo que importaba era ganar en ese estado y entonces sí metieron las manos como pasó después aquí con Ivonne Ortega y el veto a Jorge Carlos Ramírez Marín, lo que llevó a Rolando Zapata a ser el candidato y hoy gobernador.
Sin embargo, la sensación de que algo no funciona bien es distinta en Yucatán, Campeche o Oaxaca o Tamaulipas o Chihuahua precisamente por las peculiaridades de cada entidad. Lo que no pareciera cambiar es la tolerancia social a los excesos de los gobernadores que ya no da para mucho.
Javier Corral, el gobernador recién llegado a Chihuahua, está sumido en la presión social no sólo porque desde su llegada la cifras de asesinatos aumentan sino porque se le vio –muy a la moda- jugando golf el día que asesinaron a una reportera en su estado.
Corral sacó, en entrevista, lo que pareciera ser el común denominador de lo que hemos visto en todos los estados: la secretaría de Gobernación no hace su chamba y con la mirada puesta en ser candidato a Osorio Chong se le hizo engrudo la harina.
Lo grave es que Osorio no ha podido ser secretario de Gobernación como quedó claro desde el día que presentó su renuncia y no se la aceptaron. El país no tiene un rumbo a pesar de que se habló de un proyecto claro de gente que sí sabía gobernar. No ha sido así.
El bono democrático de Fox y el poco margen del triunfo de Calderón podrían ser razones sólidas para haber hecho más sobre la seguridad y aunque Calderón actuó como nadie lo había hecho, lo cierto es que en ambos gobiernos faltó una estrategia clara y su único mérito fue mantener una economía sólida a pesar de los peores momentos del mundo en 2009 cuando la crisis por las hipotecas basura y la crisis de la influencia H1N1 pusieron en jaque al país.
Al final, las presidencias del nuevo milenio no sólo no han consolidado un estado democrático sino que tampoco han aportado a la sociedad un mejor nivel de vida para los ciudadanos.
Hoy, en pleno siglo XXI, las dudas electorales y el uso y manejo del presupuesto para la compra de clientela electoral sigue siendo la misma aunque hoy ya no nos quejemos del ratón loco, la urna embarazada o los robos de urna de Nerio Torres Ortiz y sus taxistas porros.
Hoy, el robo electoral se hace antes de que el ciudadano vaya a votar no sólo por los programas entregados como dádivas y no como un derecho, sino además por la compra de credenciales de elector para evitar que los opositores lleguen a las urnas.
El sistema democrático mexicano no termina de nacer y ya pareciera estar agotado porque quienes deberían darle solidez no quieren perder sus privilegios.
