La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, en respuesta a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a ambas instituciones con presuntas operaciones de lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos. Esta medida fue oficializada mediante el Comunicado No. 25 emitido el 26 de junio de 2025.
Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Junta de Gobierno de la CNBV explicó que esta intervención tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y acreedores de dichas instituciones”. En otras palabras, la acción no implica el cierre ni la suspensión de operaciones, sino una vigilancia reforzada por parte del regulador para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El comunicado enfatiza que la decisión busca proteger los intereses del público ahorrador y acreedor, y se presenta como una medida preventiva tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han reiterado su compromiso de actuar conforme a derecho y con base en pruebas concretas. Hasta el momento, no se han detectado elementos que justifiquen acciones penales, aunque se reconocen sanciones administrativas previas que fueron impuestas a las instituciones involucradas.
Asimismo, el documento destaca que la CNBV, junto con otras entidades como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, “mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano”, y subraya que el país continuará trabajando bajo una estricta coordinación para propiciar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero nacional.
Por su parte, tanto CIBanco como Intercam han respondido públicamente a la intervención asegurando la integridad de sus operaciones, la protección de los recursos de sus clientes y su disposición a colaborar con las autoridades. Intercam enfatizó que sus depósitos están respaldados por el IPAB y que su funcionamiento continúa con normalidad.
La intervención no representa, según la Asociación de Bancos de México, un riesgo sistémico, sino una herramienta legal para garantizar certidumbre y transparencia mientras se esclarecen los señalamientos. Esta medida se enmarca dentro de un contexto internacional de colaboración entre sistemas financieros para combatir flujos ilícitos, pero también muestra la firme intención del Estado mexicano de defender su soberanía regulatoria y evitar juicios sin sustento probatorio.
El caso permanece bajo observación constante y se espera que en las próximas semanas las autoridades mexicanas y estadounidenses intercambien información que permita evaluar el fondo de las acusaciones. Mientras tanto, la CNBV ha asumido el control operativo de ambas entidades para asegurar la protección de los usuarios del sistema financiero.
