Mérida, Yuc., a 15 de diciembre de 2017.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán se suma al llamado de la CNDH, ONU Derechos Humanos y de
los organismos públicos de derechos humanos del país, de ampliar el debate y la
discusión sobre el modelo de seguridad en México, antes de aprobar el proyecto
de Ley de Seguridad Interior.
La CODHEY, como los organismos internacionales, nacionales y sus
homólogos estatales, considera necesario establecer un diálogo nacional sobre
el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación
legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las
personas.
El llamado al Estado Mexicano es a escuchar las todas las voces que se han
manifestado sobre el riesgo que existe de que, algunos puntos del proyecto de
Ley de Seguridad Interior pueda vulnerar los derechos humanos de los mexicanos.
Por lo que es indispensable concretar una deliberación amplia e
inclusiva, que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos hechos
por organismos nacionales e internacionales que tiene como único fin, que se
cumpla el respeto a las libertades y a la dignidad humana.
Se considera innecesario apresurar la aprobación, sin el consenso de la
sociedad, del proyecto de dicha ley para antes de que culmine el periodo
legislativo este 15 de diciembre.
El exhorto es respetuoso y firme para ampliar su debate y discusión, a efecto
de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos
humanos al amparo de la ley antes mencionada.
El país enfrenta un gran desafío en materia de seguridad y cualquier nueva
ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las
autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos
mediante la inclusión de estrictos controles. Ninguna autoridad civil debería
renunciar a esta responsabilidad.
Se
debe considerar, la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas
policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las
denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos.
