El Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla armada colombiana, anunció la realización de un paro armado de 72 horas que comenzó el domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 17 a las 6:00 a.m., periodo durante el cual llamó a los civiles a abstenerse de transitar por carreteras y ríos navegables y a permanecer en sus hogares ante la posibilidad de enfrentamientos o acciones armadas en varias regiones del país.
Según el comunicado difundido por la organización insurgente, la medida fue decretada como una “protesta contra la intervención imperialista” de Estados Unidos y amenazas hacia Colombia atribuibles a decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense. El texto sostiene que la injerencia externa busca “recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales”, por lo cual la guerrilla decidió tomar esta acción, afirmando que mantendrá el control de las vías durante el paro y advirtiendo a la población civil de no interactuar con las fuerzas militares estatales.
Autoridades de seguridad rechazaron la convocatoria y calificaron el llamado del ELN como un constreñimiento criminal, anunciando el despliegue de fuerzas militares y policiales para garantizar la movilidad y seguridad de la población durante estas jornadas.
Este evento se produce en un contexto de tensión interna y regional. En días recientes, la guerrilla también ordenó bloqueos y confinamientos de comunidades bajo su control, argumentando preparativos y ejercicios ante posibles amenazas externas, lo que incluyó advertencias para que los civiles no se mezclen con combatientes.
El anuncio del paro armado coincide con periodos de violencia acumulada y enfrentamientos entre grupos armados en Colombia, que han dejado un saldo significativo de desplazados y víctimas en regiones como el Catatumbo, donde el ELN ha protagonizado enfrentamientos con disidencias de las FARC y con las fuerzas públicas. Estas dinámicas han contribuido a una crisis humanitaria prolongada en algunos territorios, con miles de desplazados y decenas de muertos durante 2025.
La respuesta del gobierno, por su parte, ha sido enfatizar la protección de la ciudadanía y la garantía del orden público en medio del paro armado. Las autoridades han instado a la población a informarse a través de canales oficiales y han desplegado unidades de seguridad para salvaguardar la movilidad y la vida de las comunidades afectadas.
La situación de alta tensión se da en momentos en que el país se prepara para eventos sociales y festividades de fin de año, generando incertidumbre entre la población civil, que históricamente ha sufrido las consecuencias de acciones similares de grupos armados ilegales.
