El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 10 de noviembre de 2025 el inicio de una ofensiva militar en el departamento del Guaviare, dirigida contra la disidencia liderada por Iván Mordisco — cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández —, al señalar que “he ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”.
Según fuentes oficiales, las fuerzas armadas colombianas y la Policía Nacional están desplegadas en la región selvática de Guaviare desde la madrugada de ese día. Petro explicó que el objetivo central de la operación es desarticular las estructuras armadas que, según su gobierno, representan una amenaza significativa para la paz territorial.
La disidencia de Iván Mordisco, conocida como el Estado Mayor Central (EMC), es una de las facciones que surgieron tras el acuerdo de paz de 2016 firmado por las antiguas FARC‑EP, que se rehusaron a desmovilizarse. Entre los antecedentes de este grupo figura su rechazo a los procesos de negociación y su implicación en actividades delictivas como narcotráfico, reclutamiento forzado, explotación minera ilegal y violencia contra comunidades indígenas.
La estrategia anunciada por el presidente Petro marca un giro en su política de “paz total”, en la que combina el ofrecimiento de diálogo con el uso de la fuerza cuando lo considera necesario. En este caso, enfatizó que la acción militar era inevitable: “ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”.
Las autoridades no han divulgado aún una cifra oficial sobre bajas ni capturas en la operación, pero la intensificación del despliegue militar en una región hasta ahora con poca presencia estatal visible, refleja el reto que enfrentan las instituciones para ejercer control en zonas remotas donde operan estructuras armadas residuales.
La ofensiva podría además alterar dinámicas de desplazamiento, de acceso estatal y de derechos humanos en comunidades indígenas o campesinas de la zona, lo cual ha generado preocupación en distintos sectores sociales.
El Gobierno colombiano ha advertido que este tipo de operaciones obedecen a la necesidad de “asegurar la paz territorial” y de frenar la expansión de organizaciones criminales que amenazan la vida y la libertad de la población civil. En consecuencia, el anuncio del presidente Petro ha sido calificado como el inicio de una fase más ejecutiva de su plan de seguridad nacional.
