Por: Eduardo Ruiz-Healy.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no es abogado sino licenciado en ciencias políticas y administración pública. De los 19 que integran su gabinete, solo cuatro son abogados: Adán Augusto López Hernández, Luis María Alcalde, Alejandra Frausto y María Estela Ríos. Los tres primeros son los titulares de las secretarías de Gobernación, Trabajo y Cultura, respectivamente, la cuarta es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
De los 22 gobernadores lopezobradoristas, 11 son abogados: Marina Ávila, de Baja California; Rutilio Escandón, de Chiapas; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Julio Menchaca, de Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal Ávila.
En el sitio web de la Cámara de Diputados, solo 36 de los 201 diputados federales por MORENA anotan ser licenciados en derecho en sus datos curriculares. Imagino que son más, pero aparentemente a la mayoría de esos legisladores no les interesa que el pueblo que tanto dicen representar conozca su formación profesional.
En el sitio web del Senado de la República solo 11 de los 60 senadores morenistas anotan ser licenciados en derecho en sus semblanzas curriculares.
Por todo lo anterior, me sorprende la manera en que un montón de funcionarios federales y estatales morenistas y legisladores federales de MORENA y sus partidos satélites, la mayoría de ellos sin tener los conocimientos necesarios para entenderlo, rechazan el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que la GN deberá volver a estar bajo el control y la administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La mayoría de esos morenistas, incluido AMLO, no son abogados y dudo mucho que algunos se hayan molestado en ver las sesiones del Pleno de la SCJN de los días lunes y martes de esta semana en donde los 11 ministros analizaron y dictaminaron sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por senadoras y senadores de la oposición que demandaron la invalidez del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 2022 que autorizó que la GN pasará a depender de la SEDENA, algo que para los expertos en la materia fue una franca violación del Artículo 21 Transitorio de la Constitución que establece la creación la GN como un órgano de seguridad pública con carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo objetivo es garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos humanos en todo el país.
También dudo que la mayoría de esos morenistas hayan leído las poco más de 36 mil palabras que aparecen en las 149 páginas de las versiones taquigráficas de dichas sesiones para conocer los argumentos que cada uno de los ministros esgrimió a favor o en contra del la validez del decreto del 9 de septiembre de 2022.
Como loros ignorantes entrenados por su dueño, los morenistas protestan contra lo que 8 de los 11 ministros de la SCJN decidieron basados en argumentos sólidos y sus amplios conocimientos de derecho constitucional.
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