Se comenta solo…
Por: Carlos Ramos Padilla
Llegó a mis manos una escalofriante investigación de
Noroeste dando cuenta el número de personas inocentes que han muerto en
operativos de las fuerzas de seguridad pública. Al parecer ninguno presentaba
relación o acercamiento alguno con el crimen organizado. En sus operativos
oficiales y de acuerdo con el criterio de los mandos presentaban
comportamientos “indebidos” y por ello les disparaban las corporaciones,
federales o locales, en pocas palabras sobre las víctimas no había ninguna
sospecha ni presentaban investigación abierta alguna. El reporte presenta un
número de mil 524 víctimas. “Casos recopilados a partir de una larga
investigación, que incluyó revisiones hemerográficas, informes de derechos
humanos y expedientes judiciales. Se acudió, sobre todo, a algunas
organizaciones de familiares de desaparecidos, que nos abrieron su información.
Y se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas”. Aquí
por supuesto se suman las desapariciones forzadas que el gobierno ha tratado de
maquillar, vamos a ocultar, para no contradecir al presidente quien asegura que
el registro negro no puede ser mayor a sexenios anteriores. De ahí la renuncia
de Karla Quintana como Comisionada Nacional de Búsqueda de personas
desaparecidas. Ella es Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra en
Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard, Máster en Estudios de la
Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona, Licenciada en Derecho por la
UNAM, y Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Pero
volviendo al reporte, estás mil 524 víctimas confirman que en México rodó
ciudadano puede sufrir abuso de poder sin ninguna sanción al igual que
impunemente la violación a sus más elementales derechos humanos. Quedamos
entonces a la percepción de las fuerzas armadas sobre nuestro “indebido
comportamiento”. Los casos documentados
tratan de jóvenes, que se encontraban de manera individual o en pequeños
grupos, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de
sectores estigmatizados, bastaba un tatuaje en el cuerpo o ingesta de alcohol
como pretexto suficiente para disparar. Como muestra el reporte presenta tres
casos:” Yolanda Adriana, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en
Chihuahua. La mataron cinco elementos de la Policía Federal cuando paseaba en
auto con sus hijas y su esposo. Ninguno de los presuntos autores está detenido.
En enero de 2020, en el estado de Michoacán, Alfredo fue
detenido por militares y entregado al Cártel Jalisco Nueva Generación, aun
cuando solo era un campesino dedicado a la pizca de limón. No se ha vuelto a
saber de él. No tenía antecedentes penales o alguna investigación abierta.
Víctor, un adolescente de 16 años, fue desaparecido en diciembre de 2013 por la
policía Estatal de Veracruz. ¿Su delito? Vivir en una colonia “peligrosa”,
aunque sobre él tampoco había ninguna acusación”. Estos crímenes son
calificados como de lessa humanidad y hasta el momento no hay información del gobierno
que constate la aprehensión de los uniformados que han cometido estas
atrocidades, por supuesto Alejandro Encinas ha sido hermético y omiso en ese
sentido.
*Conductor del programa VaEnSerio mexiquensetv canal 34.2,
izzi 135 y mexiquense radio
