Por Yazmín Rodríguez Galaz
EL CASO DE TORTURA DOCUMENTADO en el municipio de Tekax, Yucatán, por parte de cinco policias municipales que abusaron de su posición ante dos detenidos por abigeato y que fueron cesados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser sometidos a proceso, habla de la inmediata necesidad de corroborar de qué manera se imparte justicia en los municipios.
De nada servirán los esfuerzos oficiales, la derrama de recursos para transformar el sistema de justicia penal oral y acusatorio, si en el interior del estado se sigue manteniendo prácticas rupestres y de violencia intolerables.
Uno de los uniformados fue quien grabó la tortura aplicada a los supuestos abigeatos y fueron –una vez más- las redes sociales las que hicieron públicos los hechos.
En tanto, uno de ello, -el que filmó los hechos y lo subió a redes sociales- también fue detenido, pues aunque dio a conocer públicamente la tortura es considerado igualmente parte del delito cometido.
El Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, informó que pedirán la pena máxima para esos policías municipales, que sería de 12 años,
Por su parte, el alcalde de Tekax, Josué Couoh Tzec, dijo que de inmediato y luego de enterarse de los hechos dispuso el cese de los agentes y su detención. Sin embargo, el primer edil sería objeto de juicio político ante el Congreso del Estado, por solicitud del PRD, advirtieron regidores de Tekax emanados de ese partido.
De acuerdo a la denuncia F2/000863/2016, interpuesta por F.A.A.B. ante la Agencia Investigadora de esta Fiscalía ubicada en Tekax, la autoridad judicial avaló y emitió dichas órdenes, las cuales fueron ejecutadas desde el domingo pasado.
Los oficiales J.B.T.E., J.M.P.U., R.E.M.V., R.H.N.T., M.A.B.K fueron informados del motivo de sus detenciones, por lo que tras realizar las diligencias correspondientes, fueron trasladados y consignados ante el Juez Primero de Control del Tercer Distrito, en donde esperarán para determinar su situación jurídica.
Una vez confirmados el delito, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) sostuvo su más firme rechazo ante los hechos de tortura difundidos a través de redes sociales. Advirtió que es intolerable la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes policiacos para obtener declaraciones incriminatorias.
El Ombudsman José Enrique Goff Ailloud manifestó que apenas se tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes, y ya se inició de oficio un expediente de queja por los presuntos hechos violatorios documentados a través del video, dictó inmediatamente medidas cautelares dirigidas a la policía municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública, además, se interpuso ese mismo día la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público en contra de agentes y servidores públicos que resulten responsables.
Realmente llama la atención que en medio de las transformaciones en el sistema de justicia en Yucatán, no se ponga especial interés en la contratación y operación de las policías municipales y que los alcaldes-independientemente de su filiación partidista- no estén al pendiente de lo que su gente hace en cuanto a detenciones.
Es cierto que se delegan responsabilidades y que el alcalde tiene que ver muchos asuntos, pero el aspecto de la operación y actuación de sus policías, es una parte fundamental y neurálgica que no puede quedar a expensas de terceros.
Lo de Tekax es un ejemplo de que en los municipios del Estado no existen aún códigos convenientes para el trato hacia la sociedad, especialmente en lo que a los servicios en general se refieren y, obviamente, en la procuración de justicia.
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De golpe y porrazo…
Tal como se había advertido hace unas semanas en este mismo espacio, existen serios problemas en dependencias y oficinas federales en donde los recortes presupuestales han “pegado” de lleno a la operación y administración de las delegaciones.
Los viáticos prácticamente han sido cancelados, así como horas extras o cualesquiera otro viaje innecesario.
Todo ello, como parte de los recortes presupuestales que emprendió la Federación desde inicios de este mismo año.
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Los conflictos y acusaciones se agudizaron en el PAN, pues ahora el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada y otros líderes panistas exigieron a las dirigencias estatal y nacional de ese partido que investiguen y sancionen casos de corrupción en el ejercicio de recursos públicos, en donde supuestamente están involucrados actores del blanquiazul locales.
Estos “viejos panistas” pidieron una investigación profunda para “limpiar nombres señalados o fincar responsabilidades para sancionar a los militantes que resulten responsables”, haciendo alusión a las acusaciones de “moches” en obras de infraestructura en municipios yucatecos, en contra de ex diputados federales, alcaldes y el senador Daniel Ávila Ruiz.
El documento, dirigido al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, fue firmado nada más y nada menos que por Patrón Laviada, así como por ex presidentes, ex secretarios generales y ex legisladores panistas, como Benito Rosel Isaac, Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Castañeda Pérez, Hugo Sánchez Camargo, Luis Montoya Martínez, Julio Sauma Castillo, Jorge Gamboa Wong, Hugo Laviada Molina, entre otros.
El ex gobernador señaló que aunque ya no es militante del blanquiazul “sigue siendo panista, y que toda la vida he combatido la corrupción”, por lo que exigió que el Comité Estatal del PAN, que preside su ex cuñado Raúl Paz Alonzo, cumpla con sus principios
Por cierto, los panistas inconformes -incluidos Patrón Laviada- negaron haber cometido actos de corrupción durante su paso por puestos públicos.
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Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado de las secciones 33 y 57, José Crescencio Gutiérrez González y Luis María Aguilar Castillo, respectivamente, negaron “haberse vendido” ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) al permitir que la reforma educativa afecta los sueldos del magisterio, como denunciaron los docentes yucatecos que han protestado en los últimos días.
Según los líderes sindicales, el hecho de que los maestros no recibieron el pago del incremento salarial del programa de Carrera Magisterial fue “un error de interpretación” por parte del Servicio Profesional Docente, “porque dicha reforma tiene algunas lagunas”.
En relación a si están preocupados por la molestia de los docentes, que aseguran ya no creer en los líderes del SNTE, sostuvieron que “jamás atentarán contra los trabajadores de la educación”.
Pese estos argumentos, en las últimas protestas se ha visto que maestros pertenecientes del SNTE han declarado que no confían en esos dirigentes sindicales, y que prefieren apoyar el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agrupación disidente que sigue luchando contra la reforma educativa.
Por cierto, tras el conflicto del no incremento a la Carrera Magisterial, el secretario estatal de Educación, Víctor Caballero Durán, recordó que ese fue un acuerdo entre la SEP y el SNTE, durante las negociaciones salariales… es decir, que ese problema no tiene nada que ver con la reforma educativa.
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De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
