Por Yazmín Rodríguez Galaz
Uber es una plataforma digital internacional que desde que entró a Yucatán peleó en todo sentido el derecho a proporcionar su servicio en el Estado –y forzó -hay que decirlo así- a que el gobierno de Yucatán y el mismo Congreso estatal modificaran la Ley del Transporte para que se permitiera el uso de esas tecnologías en el transporte de pasajeros.
Desde el mes de Noviembre y diciembre del 2016, los operadores y la misma plataforma de Uber, quedaron advertidos de que deberían registrarse ante la Dirección del Transporte del gobierno del Estado, a fin de que pudieran operar en forma regular y legal. No lo hicieron.
Sus agremiados o choferes han seguido laborando pero la misma plataforma no les dijo en ningún momento que se registrarían formalmente. Las detenciones ya empezaron. Lo malo de todo es que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Dirección del Transporte no ubican ni reconocen en dónde están los vehículos detenidos y unos y otros andan de corralón en corralón y de oficina en oficina.
El resultado está siendo una ola de quejas y hasta denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presunto robo de vehículos que no aparecen.
Elevadísimo costo político para la SSP y para la misma dependencia del gobierno del Estado y en la que UBER únicamente está apareciendo como espectador. Hay presiones muy fuertes de parte de agrupaciones establecidas y sindicatos de taxistas formales.
Lamentablemente es sabido que al llegar UBER, muchos ciudadanos con ánimos de ganar dinero extraordinario se metieron al servicio y no meditaron que la misma plataforma tecnológica no les daría el respaldo esperado.
En términos estrictamente de ley, tanto la SPP como la Dirección de Transporte están actuando tal cual, ya que el que no tenga su permiso puede ser considerado como “pirata” incluyendo los de UBER y por tanto, las detenciones eran obvias.
No obstante el mecanismo –ocultar los vehículos y trabar información sobre su paradero- propició una ola de quejas y protestas que esta misma semana se fueron acrecentando.
Un asunto que amenaza con desbordarse sino se opera fielmente y considerando también la parte social y las repercusiones que tendrá en muchas familias
La misma SSP desplegó operativos buscando detectar a quienes infringen reglamentos de tránsito y si de paso se les ubica como UBER, son retenidos pero se ignora dónde.
El Director del Transporte Humberto Hevia Jiménez, ha preferido mantenerse un tanto cuanto, ignorante del asunto, o al menos, evita hablar del mismo públicamente.
Lo que sí es real es que UBER , debió convocar a sus miembros y hablarles con claridad sobre qué bases o condiciones operarían.
Y es que algunos choferes con tal de agenciarse un dinero extra, se endeudaron incluso adquiriendo vehículos para operar en las nuevas plataformas digitales.
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De golpe y porrazo.- Pues de manera inesperada fue relevado José Luis Novelo Ayuso, del programa Prospera dependiente de SEDESOL y en su lugar, quedó el joven Bruno Sánchez, quien estaba en la red de jóvenes priistas. Llamó particularmente la atención, porque en ese programa existe un manejo social integral y de cooperación con la misma SEDESOL.
Novelo Ayuso es y ha sido uno de los colaboradores cercanos de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.
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El encargado de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado, José Raúl Pavón Flores, hermano por cierto del dirigente del PRI Carlos Pavón Flores, ha sido cuestionado por regidores del PRD en Tekax, Yucatán, porque supuestamente en simultáneo labora como “asesor” de ese Ayuntamiento devengando un salario de 35 mil pesos mensuales.
Los del PRD amagaron con llevar este asunto hasta otras instancias para inconformarse porque el alcalde de Tekax, Josué Couoh no les ha respondido formalmente porque tiene a ese asesor.
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Mal se vio la PGR en Yucatán, después de que presentó a Roberto “N”, alias La Gallina ante los jueces federales únicamente por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano y al parecer ignoró otros antecedentes por los que sería buscado ese presunto delincuente.
En el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró ubicarse a quien todo indica, tiene otros pendientes con la justicia pero la carpeta de investigación por la que se le presentó fue tan endeble que en menos de 72 horas ya había salido libre bajo fianza.
Y de encima, se le pide no salir de Yucatán para que firme tres veces a la semana en los juzgados. Como si los yucatecos deseásemos que tal personaje se quede aquí, en fin cosas que pasan en el mundo al revés.
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De esto y más estaremos pendientes.
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