LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD presentada por la bancada de 7 diputados del PAN y la
legisladora de Morena, ya entró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) bajo el argumento de que viola garantías individuales como la libre
asociación y el libre tránsito, por lo que seguramente a partir de ese fallo
podrá remediarse en gran medida, la permanencia de Uber en Yucatán, aún sin
registro ante la Dirección del Transporte Público.
La plataforma digital es la única que no se ha registrado
formalmente y todo parece indicar que no lo hará en tanto no se resuelva lo
concerniente a esta Acción de Inconstitucionalidad.
Por parte de la Dirección del Transporte del gobierno del
Estado, es claro que continuarán las detenciones porque en la actualidad –para
la autoridad- el hecho de que los “uberistas”, no estén registrados representa
que están actuando como “piratas”.
Sobre este asunto, fue el Diputado panista Elías Lixa
Abimerhi el que estructuró en buena medida esa iniciativa que todavía esta
misma semana, fue colocada en el número 24 para su discusión ante la SCJN. Se
estima que será en el mes de Mayo o Junio cuando se aborde.
El diputado local del PAN, Elías Lixa Abimerhi,
señaló que su bancada presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) una acción de anticonstitucionalidad a la reforma a la Ley de Transporte
de Yucatán, al considerar que ésta contraviene los principios de igualdad,
libre competencia y libre tránsito de vehículos pertenecientes a plataformas
digitales, como Uber.
Recordó que la acción fue admitida en agosto pasado, y que el ministro
Alberto Pérez Dayán ya tiene preparado un proyecto de resolución, y que incluso
está enlistado para discutirse en el pleno de la SCJN.
“Ya hay un proyecto de
resolución, falta que lo conozcan los otros 10 ministros, quienes incluso puede
modificar el sentido de éste”, explicó el legislador panista, al recalcar que
la reforma a la Ley de Transporte es ilegal e inconstitucional.
Declaró que decidieron impulsar esa acción –los ochos diputados del PAN
y la legisladora de Morena en el Congreso local-, porque los cambios a la ley
contravienen los principios de la constitución como la igualdad, la libre
competencia, la libertad de tránsito, entre otros conceptos.
“Algunos puntos controvertidos, es la diferenciación que se impone a las
empresas (plataformas) para no hacerlas competitivas, como el hecho de que
tengan que comprar automóviles más caros –de lo que cuestan los taxis-, que
sólo puedan operarlos los dueños de los autos, que se fijen rutas de tránsito,
que se limite el número de permisos, y una serie de controles que se reserva el
gobierno para implementarlos en el momento que le plazca”, sostuvo.
Lixa Abimerhi sostuvo que algunas de estas irregularidades fueron
subsanadas por el gobierno estatal en el reglamento de Transporte, “pero éste
una facultad netamente del ejecutivo, y basta un plumazo del gobernador para
cambiar las condiciones, por eso esas disposiciones deben estar en la ley”.
Para el panista, la reforma antes mencionada limita la libre competencia
y la igualdad, como el fin de proteger a un gremio de taxis en específico, al
Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), ligado al PRI.
“Cuando una ley se crea para darle protección a una empresa o a
una industria, estamos hablando de una violación constitucional grave”,
sentenció.
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De golpe y porrazo…
PUES RECIENTEMENTE
diputados del PRI cuestionaron la construcción de calles en Mérida porque
supuestamente no eran necesarias. La realidad de las cosas que cualquier obra
pública es digna de elogiar y tomar en cuenta, pero el problema parece ser que
se determinaron sin una coordinación simultánea que impidiera que a la vez,
esas obras desquiciaran el tráfico vehicular.
Sería conveniente que el Ayuntamiento de Mérida pensara
seriamente en que este tipo de obras que afectan a vecinos y público en general
en sus actividades cotidianas, se hiciera de manera escalonada y programada.
Actualmente –es una realidad- es obras, junto con el cierre
de la calles aledañas al Paseo de Montejo, en donde se construye el Centro
Internacional de Congresos, pues a
empeorado la situación. Es bastante evidente el malestar que esas
construcciones están ocasionando.
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LA DIRECTORA DE
DESARROLLO SOCIAL del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia Patrón Laviada,
abiertamente luchará por una postulación en las venideras elecciones del 2018,
toda vez que aunque ha sido activista durante 20 años y ha apoyado a diferentes
políticos del PAN en sus campañas, ella nunca había decidido postularse.
Ahora finalmente lo hará y al parecer tiene buen respaldo de
panistas de viejo cuño y también de gente del propio Ayuntamiento de Mérida.
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PUES FINALMENTE EL
DELEGADO DE LA SEDATU, William Sosa Altamira decidió retirarse de las
oficinas que tenían en la colonia Itzimná para trasladarse a un edificio “mas
modesto” y de menos pago por la renta.
Sosa Altamira criticó que anteriores administradores
contrataron ese edificio en donde pagaban cada mes, 150 mil pesos!.
