Por Yazmín Rodríguez Galaz
La acción de inconstitucionalidad presentada por la bancada de 7 diputados del PAN y la legisladora de Morena, ya entró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el argumento de que viola garantías individuales como la libre asociación y el libre tránsito, por lo que seguramente a partir de ese fallo podrá remediarse en gran medida, la permanencia de UBER en Yucatán, aún sin registro ante la Dirección del Transporte Público.
La plataforma digital es la única que no se ha registrado formalmente y todo parece indicar que no lo hará en tanto no se resuelva lo concerniente a esta Acción de Inconstitucionalidad.
Por parte de la Dirección del Transporte del gobierno del Estado, es claro que continuarán las detenciones porque en la actualidad –para la autoridad- el hecho de que los “uberistas”, no estén registrados representa que están actuando como “piratas”.
Sobre este asunto, fue el diputado panista Elías Lixa Abimerhi el que estructuró en buena medida esa iniciativa que todavía esta misma semana, fue colocada en el número 24 para su discusión ante la SCJN. Se estima que será en el mayo o junio cuando se aborde.
El diputado local del PAN, Elías Lixa Abimerhi, señaló que su bancada presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de anticonstitucionalidad a la reforma a la Ley de Transporte de Yucatán, al considerar que ésta contraviene los principios de igualdad, libre competencia y libre tránsito de vehículos pertenecientes a plataformas digitales como UBER.
Recordó que la acción fue admitida en agosto pasado, y que el ministro Alberto Pérez Dayán ya tiene preparado un proyecto de resolución, y que incluso está enlistado para discutirse en el pleno de la SCJN.
“Ya hay un proyecto de resolución, falta que lo conozcan los otros 10 ministros, quienes incluso puede modificar el sentido de éste”, explicó el legislador panista, al recalcar que la reforma a la Ley de Transporte es ilegal e inconstitucional.
Declaró que decidieron impulsar esa acción –los ochos diputados del PAN y la legisladora de Morena en el Congreso local-, porque los cambios a la ley contravienen los principios de la constitución como la igualdad, la libre competencia, la libertad de tránsito, entre otros conceptos.
“Algunos puntos controvertidos, es la diferenciación que se impone a las empresas (plataformas) para no hacerlas competitivas, como el hecho de que tengan que comprar automóviles más caros –de lo que cuestan los taxis-, que sólo puedan operarlos los dueños de los autos, que se fijen rutas de tránsito, que se limite el número de permisos, y una serie de controles que se reserva el gobierno para implementarlos en el momento que le plazca”, sostuvo.
Lixa Abimerhi sostuvo que algunas de estas irregularidades fueron subsanadas por el gobierno estatal en el reglamento de Transporte, “pero éste una facultad netamente del ejecutivo, y basta un plumazo del gobernador para cambiar las condiciones, por eso esas disposiciones deben estar en la ley”.
Para el panista, la reforma antes mencionada limita la libre competencia y la igualdad, como el fin de proteger a un gremio de taxis en específico, al Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), ligado al PRI.
“Cuando una ley se crea para darle protección a una empresa o a una industria, estamos hablando de una violación constitucional grave”, sentenció.
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De golpe y porrazo…
Pues recientemente diputados del PRI cuestionaron la construcción de calles en Mérida porque supuestamente no eran necesarias. La realidad de las cosas que cualquier obra pública es digna de elogiar y tomar en cuenta, pero el problema parece ser que se determinaron sin una coordinación simultánea que impidiera que a la vez, esas obras desquiciaran el tráfico vehicular.
Sería conveniente que el Ayuntamiento de Mérida pensara seriamente en qué este tipo de obras que afectan a vecinos y público en general en sus actividades cotidianas, se hiciera de manera escalonada y programada.
Actualmente –es una realidad- en obras, junto con el cierre de la calles aledañas al Paseo de Montejo, en donde se construye el Centro Internacional de Congresos, pues ha empeorado la situación. Es bastante evidente el malestar que esas construcciones están ocasionando.
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La directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, abiertamente luchará por una postulación en las venideras elecciones del 2018, toda vez que aunque ha sido activista durante 20 años y ha apoyado a diferentes políticos del PAN en sus campañas, ella nunca había decidido postularse.
Ahora finalmente lo hará y al parecer tiene buen respaldo de panistas de viejo cuño y también de gente del propio Ayuntamiento de Mérida.
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Finalmente el delegado de la Sedatu, William Sosa Altamira decidió retirarse de las oficinas que tenían en la colonia Itzimná para trasladarse a un edificio “más modesto” y de menos pago por la renta.
Sosa Altamira criticó que anteriores administradores contrataron ese edificio en donde pagaban cada mes, ¡150 mil pesos!
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De esto y más estaremos pendientes.
