Por Yazmín Rodríguez Galaz
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Los lamentables hechos ocurridos en la comisaría de Chablekal muestran lo importante que es la sensibilización del Poder Judicial cuando se trata de los casos de litigios judiciales o civiles en cuestión de predios y cómo se asume el desalojo del predio por parte de los cuerpos policiacos, ya que lamentablemente la presencia de factores externos casi siempre puede ocasionar lo que finalmente pasó: la exacerbación de los ánimos de gente incluso no enterada del problema.
Extrañamente no se sabe qué hacían en el mismo Chablekal y a la misma hora que los elementos policiacos los activistas del Grupo Indignación como Martha Capetillo Campos y Jorge Fernández Mendiburu, quienes al parecer acudieron a sabiendas de que estaría la Secretaría de Seguridad Pública para cumplir la orden judicial.
De igual forma, los uniformados –al menos en esta ocasión- fueron recibidos a pedradas y desafortunadamente para ellos tuvieron que lanzar gases lacrimógenos, lo que los convirtió de víctimas a supuestos victimarios.
Por el lado del Poder Judicial, bien valdría la pena que existiera una valoración previa de parte de ese sistema, sobre los litigios y peticiones de desalojo, a efecto de evitar inesperadas manipulaciones o insensibilidad a la hora de ejecutar la orden del juez.
Curiosamente los elementos policiacos no tuvieron más que buscar cómo frenar a la turba de gente que molesta o inconforme, veía en ellos a los justicieros que lastimarían a unos ancianos.
Realmente aunque la ley contempla que la fuerza pública sea la que deba apoyar esos desalojos, este tipo de diligencias representan una carga negativa para los elementos policiacos, que ya de por sí han sido cuestionados desde tiempo memorial en lo que realizan y cómo lo hacen.
Es de justicia decir que en Chablekal los policías que acudieron no iban más que a cumplir una orden que finalmente les representó un costo en contra.
Sirva este antecedente para que el mismo Poder Judicial valore la importancia de que estas diligencias no son un asunto menor y que como tal deben ser tratadas y ejecutadas.
Si bien es cierto que muchos pudieran decir que la ley es la ley, también es un hecho que hay aspectos sociales y de repercusión que deberían tomarse en cuenta antes de ejecutar la acción en el terreno de los hechos.
Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores de una trifulca en la que no hubo heridos, pero que sí pudo convertirse en un conflicto con vertientes nada transparentes y legítimas.
Por otro lado, la misma SSP también estará obligada como parte de la transformación que está haciendo en su interior, a sopesar este tipo de peticiones del Poder Judicial.
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De golpe y porrazo…
En el PRD no aprenden y continúan en sus enfrentamientos intestinos, y todo parece indicar que por cuestiones de dinero, más que por cuestiones ideológicas.
El regidor perredista en Mérida, Tonatiuh Villanueva Caltempa, acusó al dirigente estatal de ese partido, Alejandro Cuevas Mena, de hacer un mal uso de los recursos de la institución, a lo que respondió que atraviesan por un fuerte problema financiero, tras un recorte del 34 por ciento de sus prerrogativas y el pago una multa electoral de 650 mil pesos.
Pero Cuevas fue más allá de las explicaciones, y acusó al edil de ingrato, pues desde hace cuatro meses no paga sus cuotas a ese instituto político, a pesar de que los estatutos del Sol Azteca así lo plantean.
Abundó que el PRD tuvo que realizar algunos ajustes financieros, entre otros, suspender el pago de 39 mil pesos que se le otorgaban a Villanueva Caltempa, para gastos de su corriente política Foro Nuevo Sol, situación que pudo alterar sus ánimos.
Dicho regidor le debe más de 20 mil pesos en cuotas a la dirigencia estatal del sol azteca, por lo que podría ser suspendido e incluso expulsado si no cumple con esos pagos.
Sobre este conflicto, el diputado local David Barrera Zavala declaró que Villanueva Caltempa no puede criticar un posible acto ilegal actuando en la ilegalidad. Y aclaró que no pedirán su destitución “porque no lo queremos hacer mártir”.
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En el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado se presentará una reforma a la Ley del Isstey, que tendrá como objetivo “evitar desvío de recursos” del sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán.
Esta propuesta la presentarían de manera conjunta los legisladores del PRI con el de Nueva Alianza, Marbellino Burgos Narváez, aunque no se descarta que la envíe el Gobierno del Estado.
Entre las novedades de dicha reforma, se propondría que sean los diputados quienes elijan al titular del Isstey, y no el gobernador del Estado, “para que deje de ser un puesto político”.
Además desaparecería la figura de “director del instituto” para crearse la de “coordinador ejecutivo”.
Según se supo, ese instituto requiere de un coordinador que administre bien el sistema de jubilaciones y pensiones, que tenga un perfil más profesional administrativo, y que ya no sea un puesto político como en el pasado.
También buscarán armonizar la Ley de Isstey para dotar de mayor autonomía a esa institución, y que se pueda fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones de los burócratas del gobierno estatal
La intención es darle herramientas para evitar desvíos de recursos “como sucedía en el pasado”, y que el dinero de las prestaciones de los trabajadores cumplan con su función social.
Otra propuesta será que los burócratas del gobierno del Estado puedan acceder a un segundo crédito hipotecario, una vez que terminen de pagar su primera deuda.
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De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
