Por Guillermo Vazquez Handall / guillermovazquez991@msn.com
A pesar de que el juicio social ya condenó al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, como culpable de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Oderbrecht, se supone con fines de aportación a la pasada campaña presidencial, todavía falta que esas acusaciones se puedan comprobar fehacientemente.
Primero porque el elemento fundamental de toda esta historia es una filtración que como tal no aporta un valor probatorio, se trata de dichos provenientes, aparentemente, de una de las partes involucradas y eso no puede ser garantía de ser cierto.
Por lo menos no lo sería, en términos de un proceso legal riguroso, sin dejar de lado que ha quedado de manifiesto que en la carpeta de investigación respectiva, no existe un sólo elemento de evidencia que acredite que Lozoya haya recibido ese dinero.
Mucho menos entonces, que se pueda asumir que lo utilizó para este o cualquier otro fin, aún y cuando por medio de una estrategia legal, Lozoya esté en calidad de imputado por este caso.
Esta característica de imputado le otorga a Lozoya la posibilidad de acceder al expediente, en posición de testigo eso no hubiera sido posible, de tal suerte que se entiende que él y sus abogados fueron quienes decidieron escoger colocarse en esa perspectiva.
Esto le permitió conocer el detalle de la investigación y por consecuencia preparar adecuadamente los argumentos de su defensa formal y pública, como se observó en la rueda prensa que dio después de declarar.
Es innegable que para que eso sucediera, necesariamente hay que pensar que existió un acuerdo previo con la Procuraduría General de la Republica, a quien en todo caso de lo que se le puede señalar, es de haberle brindado todas las facilidades.
Sin embargo, para poder calificar como imputado la ley establece que el sujeto tiene que ser señalado por el Ministerio Publico como posible participante de un hecho delictivo.
De tal suerte que necesariamente para la PGR, Emilio Lozoya es un potencial autor o cómplice de un delito, sin dejar de lado claro la prerrogativa que impone el nuevo sistema penal acusatorio, mediante el beneficio de la presunción de inocencia.
Ahora bien, más allá de la jerga legal, este diagnóstico permite comprender que materialmente será imposible declarar a Emilio Lozoya culpable de haber recibido dichos sobornos, porque simple y llanamente no hay prueba alguna para sustentar ese juicio.
Esto no limita el hecho de que ante la presión social y política proveniente de la filtración, que para efectos prácticos fue suficiente para definirlo culpable mediante un juicio sumario, tenga que mediar una estrategia para exculparlo, al menos en términos legales.
Más aún si se considera que en nuestro país el criterio para calificar la honradez de una persona, más aún si es servidor público, no es precisamente el legal, sino el de la percepción, por tanto Lozoya en ese sentido ya está condenado.
Pero como eso supone un factor de influencia en el proceso electoral por venir, para el régimen en el poder es obligatorio sacar el tema de la discusión mediante un fallo que si bien no sea colectivamente aceptado en la percepción, al menos legalmente sea contundente.
Por esa razón es que existe un interés mayúsculo del sistema para proteger a Lozoya, no se trata de una cuestión afectiva, lo es de utilidad pragmática, por consiguiente lo que se dice, se rumora y se comenta, es que habrá que crear un chivo expiatorio que cargue con toda la culpa.
En el manejo de crisis y control de daños, trascendió que la decisión se enfoca a inculpar a un personaje cercano a Emilio Lozoya, quien habría actuado a sus espaldas, sin su conocimiento, abusando de la cercanía profesional y personal, pero que sobre todo, si se supone que recibió algún recurso producto del soborno, de ninguna manera lo aportó a la campaña presidencial.
Inicialmente las baterías se enfocaron hacia Froylán Gracia García, quien se desempeñó como segundo de abordo en Pemex en la administración que encabezó Lozoya en la paraestatal, con anterioridad a las recientes filtraciones se observó una campaña mediática de linchamiento en su contra.
Lo que infiere que aún antes del escándalo, este tema ya habría encendido alguna importante alarma en el círculo rojo, y que por esa razón se estaba preparando un plan de contingencia.
Sin embargo, Froylán Gracia, de manera conjunta con su abogado, llevó al cabo de la mano y dirección de su representante el reconocido penalista José Miguel Castillo, una efectiva defensa pública en relación con las eventuales acusaciones, que fueron expuestas a través de columnas de análisis político.
De tal forma que ante la imposibilidad de persistir en la idea de involucrar a Froylán Gracia, no queda más remedio que optar por otra opción, misma que todo apunta en teoría será en contra de quien fuera director de Procura y Abastecimiento de Pemex con Lozoya, Arturo Enríquez Autrey.
