Por Guillermo Vázquez Handall
Twitter@vazquezhandall
En Quintana Roo las invasiones de tierra, han sido una constante desde hace muchos años, sin embargo estas irrupciones dejaron de ser solo de personas de escasos recursos.
Anteriormente el fenómeno consistía en que estos grupos, ocupaban pequeños terrenos en las periferias de las ciudades para poder establecer sus viviendas y para que el gobierno se las regulariza y dotara de servicios públicos.
En contraste de un tiempo para acá, las invasiones se han estado llevando a cabo en predios costeros de gran plusvalía, en enormes superficies de tierra y con el uso de personal privado pagado para resguardarlas.
Se trata de propiedades que pertenecen a núcleos ejidales tanto como a inversionistas, funcionarios públicos y políticos estatales y federales.
Independientemente del uso de la fuerza, los usurpadores, son a su vez hombres de gran poder y recursos económicos, políticos y ahora también empresarios, que han aprovechado un débil esquema jurídico, mediante el cual ha sido posible la elaboración de dobles titulaciones, en algunos casos hasta con documentación y registros falsos
Aunado a ello, la justicia local y federal se ha mostrado complaciente con este fenómeno, a pesar de la incertidumbre y desprestigio que esto genera, sobre todo entre los empresarios desarrolladores de proyectos turísticos de gran calado.
En Quintana Roo la tenencia de la tierra se ha vuelto un juego de azar, en donde la propiedad depende más de la suerte que de la certeza legal, nadie está exento de sufrir el despojo de su propiedad.
Esto está provocando, que ya no sean solo como se ha especulado, los mismos funcionarios públicos quienes ejecuten estos procedimientos, ante la relajación hoy lo que se ha vuelto más preocupante es que, ahora son los mismos particulares, quienes se asedian unos a otros.
No se puede dejar de contemplar, que en esta nueva condición no estén involucrados intereses relacionados con el poder, en complicidad con quienes están realizando las posesiones físicamente.
Se podría hablar de una especie de sociedad o simplemente del pago de favores entre políticos y particulares, sin distingo de a quien se afecte, prueba fehaciente de ello, el ejemplo que sucedió hace apenas dos semanas:
Cincuenta empleados de la empresa ABC, propiedad de Eduardo Solís Preciat, prominente hombre de negocios de Yucatán y Quintana Roo, quien por cierto goza de prestigio no solo por sus éxitos comerciales, sino porque hasta ahora, su desenvolvimiento público había sido intachable, ingresaron de manera ilegal en el predio denominado Balam Tun, ubicado a las afueras de la ciudad de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad.
El motivo de la invasión fue para extraer material pétreo, destinado para la materia prima de la empresa que fabrica bloques, causando una enorme devastación.
En principio y ante la denuncia del propietario del predio, las policías ministerial y municipal procedieron al desalojo, pero sin detener a los infractores a pesar de descubrirlos en flagrancia.
Lo extraño del caso es que un día después los mismos trabajadores al servicio de Eduardo Solís Preciat, reingresaron al terreno armados para facilitar el acceso de maquinaria pesada.
Sobre todo porque en esta segunda ocasión, a pesar de que el propietario de la superficie volvió a informar a la Fiscalía del hecho, no ha tenido hasta el día de hoy respuesta de esta o ninguna otra autoridad.
Trascendió que el legítimo dueño del terreno, fue informado de manera extra oficial, que la policía no procedería a la expulsión correspondiente, toda vez que había una contra orden de un alto nivel, para efectos de no detener el allanamiento.
Lo que por descontado hace suponer, que el señor Solís Preciat cuenta con el apoyo de algún mando de alto rango en la Fiscalía General del Estado, que esta solapando esta situación.
En dicha denuncia numero 3310/2016 se demanda el despojo, además de ser violatoria del Reglamento de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental Municipal.
A pesar de todas las leyes que se quebrantan, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha intervenido ante la violenta transgresión, que tiene tintes de que quedara impune como ya ha sucedido en otras tantas ocasiones en situaciones similares.
El apoderado legal de la empresa ABC Juan Carlos Góngora, ha rechazado que se trate de una invasión, argumentando que la zona afectada les pertenece y que el conflicto se debe, a una confusión en cuanto a los límites de las extensiones.
Sin embargo la delimitación de las propiedades sobre todo considerando la enorme superficie ocupada, no deja lugar a dudas de que se trata efectivamente de una intrusión.
Lamentablemente este nuevo hecho, se suma a una larga lista de situaciones similares e incluso aun peores, que comprueban que, hay una clara tendencia en este sentido.
Que los eventuales inversionistas, sobre todo quienes planean construir proyectos de desarrollo turístico, ahora para adquirir una propiedad en el estado, no solo tienen que garantizarse previamente tener absoluta certeza documental de la propiedad, sino también de la posesión física.
Coyuntura que no solo los afecta económicamente, sino que se convierte en un riesgo de seguridad en torno de su inversión y eso se ha convertido ya en la peor publicidad posible, para el estado con el mayor poderío turístico del país.
