Bitácora, por: Pascal Beltrán del Río.
Después de reconocer y celebrar –como debe ser– el
rescate, de dos de los cuatro estadunidenses levantados en Matamoros el viernes
pasado, y condenar –como es obligado– que los otros dos miembros del grupo
hayan sido asesinados, debemos abordar dos gravísimos problemas de seguridad
pública que tenemos en casa:
El primero, los grupos criminales siguen actuando con
absoluta impunidad, indiferentes a las acciones de las autoridades, dueños y
señores de ciudades y hasta de regiones completas.
El segundo, los ciudadanos están indefensos contra
esos grupos, pues no hay corporación de seguridad que prevenga que sean
víctimas de delitos como robo, extorsión, secuestro y homicidio, o que
investigue exhaustivamente cuando sucede.
De cara a esta durísima realidad, tenemos que
preguntarnos qué vamos a hacer.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
prácticamente reconoció que a él ya no se le ocurre nada. “Porque nosotros no
deseamos eso, ¿no?, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz,
la tranquilidad y vamos a continuar trabajando”, dijo. Es decir, no podemos
esperar sino más de lo mismo: reuniones madrugadoras del gabinete de seguridad.
¿Qué sentirán los familiares de los desaparecidos que
el caso de los estadunidenses se haya resuelto tan rápido? Especialmente
aquellos que llevan meses o años buscando a sus seres queridos, sin ayuda de la
autoridad y sometidos a acciones de intimidación y venganza por parte de los criminales.
¿Qué pensarán quienes tienen que esperar varios días
para que la policía se digne a tomar nota de una desaparición, después de
sugerir que la víctima se ausentó de casa de forma voluntaria y que mejor
esperen a que se le antoje regresar?
El mensaje que se envía es que sí pueden investigarse
crímenes tan graves como el ocurrido en Matamoros y arrojar resultados de
manera rápida, pero que el problema –tratándose de ciudadanos mexicanos– es que
no quiere hacerse.
Ahí, en la misma ciudad fronteriza, hay un predio que
sirvió para que los cárteles realizaran sus carnicerías y desaparecieran los
restos de sus víctimas. Se llama La Bartolina y no está lejos del lugar donde,
según las autoridades, los criminales se llevaron a los estadunidenses para
ocultarlos.
En ese predio –dicen integrantes de la Unión de
Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, quienes han recibido muchas
amenazas– podrían estar los restos de hasta dos mil personas. Pese a que en
junio de 2021 la titular de Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla
Quintana, reconoció la existencia de ese centro de exterminio y la presencia de
gran cantidad de restos, solamente se han identificado los cuerpos de dos
migrantes deportados.
En un comunicado dirigido al presidente López Obrador,
el Colectivo celebró que se hubiese resuelto el caso de los estadunidenses
secuestrados, al tiempo que transmitió su “total indignación, desesperación,
angustia, impotencia y tristeza”, por “la inacción de las autoridades cuando
las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar”.
Los estadunidenses, agrega el comunicado, “fueron
encontrados gracias a que Estados Unidos sí protege y busca incansablemente” a
sus ciudadanos. “Esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los tres
ámbitos de gobierno, de cómo se debe buscar a personas secuestradas y/o
desaparecidas”.
La organización recordó que la Red Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a la fecha el registro de más de
112 mil personas ausentes, y que, pese a ello, la titular de la CNB rara vez
está en su oficina, donde “sólo trabajan presencialmente tres personas”.
Autoridades tamaulipecas dijeron que la principal
línea de investigación sobre el secuestro de los estadunidenses fue la
confusión, pero después de ver el video en el que los sicarios cargan
tranquilamente los cuerpos de sus víctimas para lanzarlos a la batea de una
camioneta, a plena luz del día, en uno de los sitios más concurridos de
Matamoros, queda claro que la mejor explicación de lo sucedido es la terrible
impunidad que nos asuela.
