El Congreso de Brasil aprobó esta semana una controvertida iniciativa legislativa que busca reducir la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre de 2025 a 27 años y 3 meses de cárcel por participar en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La propuesta, que ya había sido respaldada por la Cámara de Diputados, fue ratificada por el Senado Nacional en una votación que reflejó la polarización política del país.
La normativa modifica cómo se contabilizan las penas por múltiples delitos relacionados con la tentativa de golpe, permitiendo que determinadas condenas se consideren en un solo contexto y reduciendo así el tiempo total a cumplir. Según análisis de la prensa internacional, esta medida podría llevar la condena efectiva del exmandatario a aproximadamente dos años en régimen cerrado, dependiendo de factores como buen comportamiento en prisión.
El proyecto no solo abarcaría la situación de Bolsonaro, sino también la de cientos de personas condenadas por su participación en los ataques al Palacio del Planalto, al Congreso Nacional y al Supremo Tribunal Federal el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del exlíder irrumpieron en los edificios gubernamentales en un violento intento por revertir los resultados electorales.
La iniciativa ha generado reacciones cruzadas en la esfera política y social. Desde el gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que “con todo respeto al Congreso, cuando llegue a mi escritorio lo vetaré”, subrayando su compromiso con las sanciones por atentados contra la democracia.
Por su parte, figuras afines al exmandatario han expresado respaldo a la ley. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y figura prominente en el Partido Liberal, calificó la aprobación como un paso importante dentro del actual equilibrio de fuerzas políticas, aunque reconoció que “no fue exactamente lo que queríamos, pero es lo posible dentro de la situación actual en el Congreso”.
La ley, aunque aprobada por ambas cámaras, todavía enfrenta procesos legales ante la Corte Suprema brasileña, donde probablemente será impugnada por su constitucionalidad. Asimismo, el eventual veto presidencial podría dar paso a un nuevo enfrentamiento político si el Congreso decide intentar anularlo.
El debate sobre esta ley ocurre en un contexto de alta tensión política de cara a las elecciones generales de 2026 en Brasil, donde el legado de Bolsonaro y las divisiones en torno a la defensa de la democracia siguen siendo temas centrales en la agenda nacional.
