En una sesión reservada del Congreso de Campeche, los diputados locales decidieron reactivar el fuero constitucional, una figura que había sido eliminada en 2016, en medio de un clima de acusaciones de persecución política. Esta decisión, promovida por la bancada de Morena, ocurre en un contexto de tensiones políticas en el Estado, donde la gobernadora Layda Sansores ha sido acusada de utilizar el aparato de justicia para hostigar a opositores y críticos.
El motivo principal para la reactivación del fuero se dio a raíz de un incidente ocurrido el 1 de febrero de 2026, cuando policías ministeriales cercaron el Palacio Legislativo, aparentemente con la intención de detener al presidente del Congreso, Antonio Jiménez, quien ha sido señalado por ser uno de los opositores al gobierno de Sansores. La Fiscalía General del Estado, sin embargo, explicó que la presencia policial se debió a un “recorrido de vigilancia preventiva”, desmintiendo que se tratara de una operación para realizar detenciones.
La situación no es aislada, ya que otros diputados, como los del partido Movimiento Ciudadano, también han denunciado intentos de aprehensión y hostigamiento, acusaciones que incluyen presuntos desvíos de recursos, aunque aún no se ha demostrado responsabilidad administrativa. La reactivación del fuero de manera exprés ha sido vista como una respuesta a estos ataques, que no solo involucran a políticos, sino también a periodistas, académicos y otras figuras críticas al gobierno estatal.
Este entorno de alta tensión política fue visible en las sesiones legislativas, donde incluso se reportaron amenazas de aprehensión contra diputados de Morena, quienes se opusieron a un préstamo solicitado por el gobierno estatal para cubrir recortes presupuestales. Los legisladores de esta bancada se atrincheraron en el Palacio Legislativo ante la presencia de los agentes ministeriales y compartieron imágenes de su situación en redes sociales, donde se mostraban durmiendo en el recinto.
Además de este conflicto, se ha comenzado a difundir información sobre una demanda por violencia vicaria contra el diputado Gaspar Nah Miss, quien ha sido acusado por sus hijos de no cumplir con sus obligaciones parentales. Estas denuncias se suman a la creciente presión sobre los legisladores de la oposición en Campeche.
Este clima de inseguridad política ha elevado la incertidumbre en el Estado, con actores políticos acusando un uso indebido de la justicia para intimidar y silenciar a quienes critican al régimen morenista. La reactivación del fuero, por tanto, refleja la percepción de los legisladores de que la situación política en Campeche ha cruzado límites peligrosos.
La medida tomada por el Congreso de Campeche pone de manifiesto las tensiones que prevalecen en la entidad, y deja entrever que la lucha por el poder no solo se dirime en las urnas, sino también en los tribunales y en las calles.
