La Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, pieza central de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca homologar a nivel nacional el delito de extorsión y fortalecer el marco penal para su combate.
La propuesta obtuvo en lo general 334 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, tras una sesión que incluyó modificaciones de último momento por parte del oficialismo —sobre todo los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) junto con Movimiento Ciudadano (MC) — que alteraron algunos de los castigos previstos al inicio del proceso legislativo.
La iniciativa, de origen presidencial, plantea que el delito de extorsión sea perseguido en las 32 entidades del país, y que no dependa exclusivamente de la denuncia de la víctima. La investigación podrá iniciarse de oficio, y las sanciones se ubican entre cinco y hasta 25 años de prisión dependiendo de las circunstancias y agravantes del delito.
Entre las conductas agravadas se incluyen el cobro de piso, la extorsión a personas jóvenes, mayores de 60 años, migrantes, el uso de violencia física o psicológica, o la intervención de servidores públicos. En esos casos, las penas pueden llegar hasta los 25 años.
La controversia surgió por los cambios introducidos por Morena y sus aliados, que redujeron de 10-20 años a 5-12 años las penas para servidores públicos que omitan denunciar extorsión, lo que ha sido calificado por la oposición como una concesión a la impunidad.
El diputado del PAN, desde la oposición, advirtió que con la ley tal como quedó podrían liberarse cientos de sentenciados por extorsión, ya que en algunos estados las penas actuales son mayores que las fijadas por la nueva norma básica.
La ley aún debe ser aprobada por la Senado de la República para su publicación y entrada en vigor. En su defensa, los legisladores del oficialismo enfatizaron que se trata de crear un marco jurídico uniforme que permita proteger a víctimas que no denuncian por temor, y que el Estado pueda actuar más eficazmente.
Este avance legislativo se desarrolla en el contexto de que el delito de extorsión ha registrado un crecimiento sostenido en México, siendo señalado como uno de los principales desafíos del gobierno en materia de seguridad.
