Violencia e inseguridad política tras atentado a legisladores en Sinaloa
Baltasar Barbolla
—El pasado 28 de enero dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) fueron atacados a balazos por un comando armado en pleno centro de Culiacán, poco después de salir del Congreso del Estado —dijo la periodista para iniciar la charla de esta semana—. El atentado dejó a ambos legisladores gravemente heridos, así como a un escolta, y ha generado una respuesta inmediata de las autoridades estatales y federales.
—Lo ocurrido es un hecho de violencia política que no solo impacta a las víctimas directas, sino que pone en evidencia la crisis de inseguridad que vive Sinaloa. La agresión se produjo alrededor del mediodía en el Paseo Niños Héroes, también conocido como el Malecón Viejo, cuando los legisladores se trasladaban en una camioneta blanca tras concluir actividades en el Palacio Legislativo. Un grupo armado les disparó desde varios puntos, obligando a que el vehículo fuera alcanzado por múltiples impactos —añadió el editorialista.
—Los dos diputados agredidos son Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda —intervino el analista—. Torres Félix, presidente estatal de MC en Sinaloa y expresidente municipal de Culiacán, fue trasladado de urgencia tras el ataque y permanece en estado delicado y en terapia intensiva, luego de ser sometido a cirugía. Por su parte, Montoya Ojeda, quien también es diputada local, sufrió lesiones graves y perdió un ojo debido a los impactos de bala, aunque su condición fue reportada como fuera de peligro tras atención médica.
—Este atentado es lamentable y digno de condena. No solo se pone en riesgo la vida de quienes ejercen funciones públicas, sino que se envía un mensaje de intimidación a quienes representan a la ciudadanía —dijo el político—. Es profundamente preocupante que un acto de esta naturaleza se produzca en pleno centro de la capital sinaloense y tan cerca de una sede legislativa, lo que denota una erosión del estado de derecho y una incapacidad del sistema de seguridad para prevenir ataques directos a servidores públicos.
—Las primeras versiones de las autoridades han sido claras en cuanto a la respuesta —señaló la abogada—. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, instruyó un operativo de búsqueda y captura de los agresores y puso en marcha una célula especializada de investigación conjunta entre autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos. Además, se ha asegurado una camioneta que podría estar relacionada con la agresión, la cual fue localizada abandonada en el estacionamiento de una plaza comercial, reforzando la hipótesis de que el atentado fue planeado y ejecutado con premeditación.
—Así es —asintió la periodista—. La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, ha señalado que una célula del grupo criminal conocido como “Los Chapitos” podría ser responsable del ataque, en el marco de la violencia derivada de disputas entre facciones del crimen organizado en la región. Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad completa de los agresores, la sospecha de la implicación de este grupo delictivo ha sido mencionada en conferencias de prensa especializadas.
—Desde luego, lo que se ha vivido en Sinaloa es un reflejo de la complejidad de la seguridad pública en el estado. No basta con condenar el ataque; es necesario analizar cómo y por qué actores del crimen organizado se sienten con la capacidad de ejecutar agresiones directas contra legisladores, un acto que rompe con cualquier previsión sobre zonas de exclusión del conflicto armado interno —observó el consultor—. La percepción de impunidad y el clima de violencia aumentan la presión sobre las autoridades para actuar con decisión y transparencia.
—También hay que considerar las consecuencias inmediatas para los legisladores y su entorno —dijo la empresaria—. Más allá de las heridas físicas, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda enfrentan un largo proceso de recuperación. Torres Félix continúa en cuidados intensivos, con signos vitales que responden pero bajo un cuadro delicado tras la intervención quirúrgica, mientras que Montoya necesitará procedimientos reconstructivos adicionales tras la pérdida de un ojo. La atención médica especializada que están recibiendo es fundamental, pero también lo es garantizar su seguridad personal en todo momento, tanto en el hospital como en su recuperación posterior.
—Desde las propias filas de Movimiento Ciudadano, la respuesta ha sido firme. El coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque y exigió justicia pronta y sin impunidad, subrayando que estos hechos evidencian la urgencia de reforzar la seguridad en todo el país y proteger a quienes ejercen cargos públicos con el mandato de la ciudadanía —comentó la periodista.
—Las reacciones institucionales no se han hecho esperar —señaló la abogada—. Además de la movilización inmediata de operativos terrestres y aéreos para localizar a los responsables, se activó un despliegue reforzado de seguridad en Sinaloa, con el envío de 1,600 militares y efectivos de fuerzas especiales para apoyar las labores de prevención y disuasión del crimen organizado en Culiacán y otras zonas clave. Este refuerzo forma parte de la estrategia nacional, aunque muchos analistas advierten que sin una coordinación efectiva y estrategias de inteligencia profundas, la sola presencia militar no resolverá de fondo la violencia estructural.
—Este ataque armado contra legisladores es un síntoma de la profunda crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa y, por extensión, otras regiones del país. No solo se trata de proteger vidas, sino también de garantizar que el ejercicio de la política y la representación democrática no se vea amedrentado por la violencia —concluyó la periodista—. La ciudadanía demanda resultados claros, investigación eficaz, justicia y, sobre todo, la restitución de la paz en sus comunidades.
