La controversia legal que enfrentaba el ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, llegó a su conclusión este jueves tras la aplicación de una solución alternativa propuesta por su defensa ante las acusaciones por posesión simple de cocaína.
De acuerdo con el reporte periodístico, aunque no se detalló públicamente el contenido completo de esa solución alternativa, las medidas cautelares establecidas continúan vigentes, entre ellas ingresar a una clínica de rehabilitación y realizar firmas periódicas ante el Ministerio Público como parte del seguimiento al denominado “problema de adicción” del ex funcionario.
En la audiencia, la defensa del ex rector explicó que la alternativa fue considerada la mejor opción para dar por concluida la controversia, mantener una relación constructiva con las autoridades y permitir que Abud Flores reincorpore sus actividades académicas en la Ciudad de México, concretamente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde dijo tener planes de continuar con su labor de investigación.
El abogado Edwin Trejo señaló que esta alternativa buscaba ofrecer garantías al Ministerio Público sobre la buena intención del acusado para resarcir un daño, sin que ello implicara admitir la comisión de un delito, y que correspondería tanto al Ministerio como a la jueza evaluar si aceptaban la propuesta o si el proceso seguía su curso.
El proceso, inicialmente, derivó en la destitución de Abud Flores como rector de la UACAM, tras su detención por posesión simple de estupefacientes, y en la designación de Fanny Maldonado Guillermo como nueva rectora en una sesión del Consejo General de la universidad.
Asimismo, la defensa del ex rector sostuvo que durante el operativo de detención, en el que estuvo acompañado por dos personas, se violaron protocolos de revisión, detención y traslado, lo que —aseguraron— vulneró sus derechos.
Respecto a un posible intento de regresar al cargo en la UACAM, Abud Flores reiteró que no forma parte de sus planes, y que se concentrará en sus labores fuera de la entidad, lo que incluyó la decisión de abandonar Campeche para evitar futuros conflictos políticos con el gobierno estatal.
Este acuerdo pone punto final a una controversia que trascendió más allá del ámbito académico, generando un debate público sobre el proceso judicial y administrativo que enfrentó uno de los principales funcionarios de la institución educativa.
