Por: Eduardo Sadot.
Con frecuencia se habla de que si los mexicanos somos dueños o no del petróleo, que si debe de participar la iniciativa privada o no en la explotación de hidrocarburos o en los sectores estratégicos del país, intentemos explicar, lo más digerible posible.
Una familia tiene un terreno y sabe que en el subsuelo hay una mina de oro, el padre no tiene mas que el dinero de los estudios de sus hijos y de la enfermedad de su esposa. Para explotar la mina de oro tiene pocas opciones: pedir un préstamo a sus vecinos abusivos para explotar la mina y mejorar su economía; dejar de pagar la educación de sus hijos, diciéndoles que se esperen tres años sin escuela; decirle a su esposa que por el momento dejará de pagar sus medicamentos, en su salud, pero que en tres años se pondrá al corriente, lo más probable es que su esposa muera y sus hijos crezcan sin formación escolar, sin que vuelvan a tener la edad para estudiar; la otra opción sería invitar a un inversionista y compartir la ganancia, lo que le significaría una pérdida de una parte de la ganancia del oro extraído, pero la ventaja de poder explotar la mina sin tener que sacrificar a su familia, suponiendo que se decidiera por la última opción que sería la más viable, buscar un socio y explotar la mina, podrían acusarlo sus hijos de haber perdido los derechos sobre la mina, porque desde luego el subsuelo, le pertenece a la nación, pero por ser el propietario del terreno, tiene el derecho de tanto sobre el derecho a explotar el subsuelo.
Algo similar sucede con la riqueza de México, dejar de invertir en educación, salud e infraestructura prioritaria o invertir en algunos productos que se encuentran en el subsuelo desviando o descuidando rubros elementales para la población.
De ése modo el gobierno – aunque fuera una buena oportunidad – no podría sacrificar a su población privándola de los servicios elementales mínimos e indispensables para su desarrollo o supervivencia. El ejemplo más claro ha sido la explotación petrolera en aguas profundas, la inversión es costosísima, además de la incertidumbre de no saber con exactitud donde perforar, la perforación también tiene un costo muy elevado, volvemos al ejemplo valdría la pena que el gobierno invirtiera en una perforación incierta, cuando resulta mejor, si se invita a inversionistas que corran el riesgo y cuando encuentren el yacimiento, comparten la ganancia con el gobierno, ah pues eso hizo el gobierno de Peña, pero al llegar MORENA y ya avanzadas las perforaciones y encontrados los yacimientos, declaró que el petróleo era de los mexicanos, así que los yacimientos encontrados, los explotaría PEMEX, de manera que desconocerían los contratos celebrados para perforar, explorar y finalmente encontrar yacimientos. Nada más que los inversionistas se quejaron con su gobierno y reclamaron bajo el cobijo de tratados internacionales, lo que le habría significado, a México, pagos de indemnizaciones tan altas, que ni con la explotación de los yacimientos se pagaría, desde luego que los inversionistas se protegieron de un eventual fraude o desconocimiento del gobierno de México – acaso ya nos conocen – que al firmar, se cercioraron de garantizar su inversión y el cumplimiento de los convenios de exploración y perforación.
Cuando un gobierno que desconoce esto, no le interesa desperdiciar el dinero o lo hace sin planificación ni diagnóstico que muestre las consecuencias y se atreva a desconocer lo acordado – v.gr. NAICM, perforación en aguas profundas y ahora LITIO – provoca lo que hoy, todos sabemos, que obligó a pagar mucho dinero o rectificar y aceptar sin chistar los contratos firmados de perforación en aguas profundas o pagar grandes cantidades y luego maquillarlas como se hizo con el NAICM, para aparentar aciertos, las grandes inversiones del gobierno, hoy restan atención a seguridad, salud, ecología, infraestructura y educación, pudiendo invertir ahí más, para hacer más y mejor.
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