Claroscuro, por: Francisco López Vargas
Corrupción, del verbo
transitivo corromper, del latín corrumpere, rumpere…
Aquí les dejo algunas de sus
acepciones más comunes: Hacer
que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no
se pueda utilizar; hacer impuro el aire o
el agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Pervertir o
hacer que una persona o una cosa sea moralmente mala. Corromper las costumbres:
esas visitas son su forma de contribuir a corromper los valores establecidos;
el poder corrompe a las personas; el odio la había envenenado, le corrompió la
razón y le contagió esa enfermedad del olvido; “Sócrates fue condenado a beber
un veneno (cicuta) bajo el pretexto de que no creía en los dioses de la polis y
de que corrompía a la juventud”. Sobornar a un funcionario público o a una
autoridad pública o hacer que actúe de forma ilegal: “corromper a un
político; corromper a un juez”. Como
verbo pronominal: “corromperse, volverse moralmente mala o deshonesta
[una persona].”
Las
anteriores son las acepciones más comunes para definir la corrupción, pero
pareciera que ninguna de ellas puede aplicarse a la Cuarta Transformación y
mucho menos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin
embargo, en la terquedad que solemos tener quienes nos dedicamos a analizar la
vida pública del país, el presidente es probable que sepa de lo que se habla,
pero quizá no esté dispuesto a aplicarse, a aplicarle a su gobierno, las
acepciones anteriores porque, cuando son actos de su administración, pues
carecen de esas características pernisiosas porque ellos, su gobierno, actúa de
buena fe, además de que ellos, su gobierno en pleno, pues no son corruptos
aunque los hechos –esa terca realidad que no entiende- los desmienta.
Les
expongo varios casos en lo que podría, no creo que lo hayan hecho a propósito,
configurarse una forma de corrupción precisamente porque quienes fueron
designados no sólo no tienen idea de cuál será su trabajo ni tienen la
experiencia y menos el perfil profesional para ello:
Edith Arrieta Meza, quien estudió diseño de moda,
trabaja para el organismo que establece la seguridad en el uso de organismos
genéticamente modificados. Sin reportar estudios en áreas biológicas o
científicas, Arrieta Meza tiene un cargo de subdirectora en la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados.
En su declaración inicial ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), inscrita en diciembre del año pasado, se
establece que la egresada de diseño de moda de la universidad Jannette Klein
tiene entre sus funciones las áreas técnicas de una subdirección no
especificada, según publica Reforma.
La única experiencia laboral que figura en su
declaración es un cargo como jefa de unidad departamental en el Gobierno de la
otrora Delegación de Tlalpan. En este puesto, que ocupó entre 2015 y 2018, sus
funciones eran fomentar el cooperativismo y la economía solidaria. Arrieta hizo
proselitismo en favor de Morena en 2017 y fue candidata a diputada local
en Milpa Alta, según consta en sus redes sociales.
La actual secretaria ejecutiva de la Comisión
Intersecretarial es la bióloga y doctora en ecología, Sol Ortiz García quien ha
coordinado programas de normatividad y bioseguridad desde el 2001.
También
en Concayt se nombró a David Alexir
Ledesma, quien fue contratado con un
sueldo de 44 mil pesos mensuales, a pesar de no tener una licenciatura
concluida y estar en el ojo del huracán, ya que comenzaron a circular en redes
sociales, supuestas fotografías
eróticas del funcionario público.
La comunidad científica mexicana cuestionó
el nombramiento, ya que Ledesma apenas
estudia el tercer semestre de la carrera de Comunicación y percibe un
alto sueldo.
Sin embargo, la diputada federal Dolores
Padierna salió en la defensa de quien fue su asesor en el Congreso
Constituyente de la Ciudad de México. Dijo que los ataques tienen que ver más por ser homosexual, que por su trayectoria
profesional, y por ser recomendado de Genaro Villamil.
En
Petróleos Mexicanos, Octavio
Romero Oropeza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la
dirección general, fue cuestionado en 2001, cuando, siendo Oficial Mayor del Gobierno
del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero sin contar con
cédula profesional.
Ahora, 17
años después, el colaborador del Presidente electo sigue sin figurar en el
Registro Nacional de Profesionistas. Romero Oropeza cuenta con el título de
Ingeniero Agrónomo, expedido por el Colegio Superior de Agricultura Tropical
-ubicado en Cárdenas, Tabasco- y como integrante de la generación 1976-1981.
El 3 de
febrero de 1982, Romero Oropeza recibió el título de Ingeniero Agrónomo, con
especialidad en Agricultura Tropical, con el registro No. 064, Foja 22 del
Libro 1 del Departamento del Registro Académico del Colegio Superior de
Agricultura Tropical.
No obstante, conforme a una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas,
aún no aparece su cédula profesional.
En octubre
de 2001, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del DF, salió en defensa de
Romero Oropeza y aseguró que la solicitud de su cédula profesional estaba en
proceso. El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director
general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de
derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a
la industria de los hidrocarburos.
Además, el titular de la empresa productiva del Estado debe contar con
experiencia para cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito profesional,
docente o de investigación.
Consultada
al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la experiencia de
Romero Oropeza para ocupar el cargo y explicó que la misma ley de la empresa
petrolera delega en el Ejecutivo la facultad de nombrar al director general. “Octavio
Romero tiene experiencia en administración, ya lo mostró en la Oficialía Mayor
en la CDMX con buenos resultados”.
Como contraste,
la también senadora puso como ejemplo el caso del ex director de Pemex, Emilio
Lozoya, quien, dijo, resultó un economista experto con malos resultados para la
compañía.
Romero
Oropeza fue profesor de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de
Tabasco, así como catedrático de álgebra y estadística en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. En su carrera política destacó como presidente del Consejo
Estatal del PRD en Tabasco y diputado federal por ese partido.
En la
Comisión Federal de Electricidad, López Obrador, nombró al senador del PT
Manuel Bartlett como director general. El morenista hizo el anuncio en una
rueda de prensa junto con Bartlett, quien era Secretario de Gobernación en la
elección de 1988, año de la “caída del sistema”.
López
Obrador confirm0ó el nombramiento de Nahle como titular de Energía, y a Alberto
Montoya como subsecretario de esa dependencia.
Como
subdirector de la CFE propuso a Carlos Morales Mar nombró a Luis Abelardo
González como coordinador de políticas de energía renovable. Todos ellos con
experiencia, por lo menos, cuestionable.
En su
columna Jaque Mate, el periodista Sergio Sarmiento explica por qué las
acusaciones del presidente contra las empresas que construyen los ductos para
el transporte de gas al menos significarían una mentira.
“¿Por qué están detenidos los gasoductos? No ha sido falta de
capacidad técnica o financiera de las empresas encargadas de construirlos. Los
trabajos han sido frenados por grupos políticos que buscan extorsionar a los
constructores o impulsar agendas conservadoras que se oponen al desarrollo
económico.
Está ahí el caso del gasoducto Ramal-Tula, al que faltan
solamente 1.6 kilómetros. La construcción, a cargo de la empresa canadiense
ATCO, está detenida desde 2015. Un político hidalguense, Julio César Ángeles
Mendoza, ha sido el principal responsable; originalmente era miembro del
Partido Encuentro Social y después pasó a Morena. Primero amenazó a la empresa
con detener el gasoducto si no contrataba a un sindicato en particular. Después
interpuso amparos en nombre de ejidatarios, a pesar de que, como él mismo
reconoció en una entrevista a Reforma, estos “ya habían recibido su pago
de lo acordado”. ATCO ha acusado a Ángeles Mendoza de haberle pedido 60
millones de pesos a cambio de permitir que continuara la construcción del
gasoducto, pero la empresa señaló que no podía entregar el cohecho porque la
legislación canadiense castiga a los ejecutivos de su país cuando dan sobornos,
incluso en el extranjero.
López Obrador no tendrá muchas dificultades para localizar a
Ángeles Mendoza si quiere conversar con él: es legislador por Morena y
secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La
responsabilidad seguramente se le otorgó por su eficacia para detener el
gasoducto.
Este es uno de los siete gasoductos que no se han podido
concluir debido a los bloqueos o amparos de grupos políticos. En ningún caso la
responsabilidad recae sobre las empresas contratadas para hacer el trabajo. La
mayoría de las veces la estrategia de quienes se oponen a los proyectos ha sido
recurrir a amparos que permiten a grupos minoritarios detener inversiones aun
cuando sea con un costo enorme para la sociedad.
El propio López Obrador ha cuestionado a los grupos que no han
permitido concluir el gasoducto de Huexca, Morelos, que permitiría proveer
combustible para una nueva termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad.
Un exasperado López Obrador respondió en Cuautla el 10 de
febrero a las protestas de los grupos que se oponen al gasoducto y la planta
generadora: “Y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser
el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también yo entiendo que hay
ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados”.
Uno de los argumentos del Presidente es que la planta de Huexca
sí hay que echarla a andar porque es de la CFE. Si fuera privada, al parecer,
no tendría el mismo respaldo del gobierno. Esta posición viola el principio
liberal de que la ley debe ser la misma para todos.
Preocupa la incertidumbre en que viven los proyectos productivos
en nuestro país. El argumento que se ha utilizado para combatir el gasoducto y
la termoeléctrica de Huexca es que generarán contaminación y afectarán la
provisión de agua. Los estudios técnicos señalan que los miedos son infundados,
pero eso no ha impedido que tribunales y grupos políticos bloqueen las
inversiones. Si México sigue deteniendo proyectos productivos aunque tengan las
certificaciones técnicas necesarias, simplemente estaremos hundiendo al país.
Una economía sin gas y sin electricidad está condenada a la pobreza.”
Por si fuera poco, nadie que haya trabajado en el gobierno puede
laborar en la iniciativa privada, hasta cumplir 10 años de haber dejado el
encargo. El país será de burócratas.
Dice Sarmiento: “El Presidente quiere ampliar de uno a 10 años
la veda para que los funcionarios públicos puedan trabajar en empresas de su
ramo. La medida parece buscar que los especialistas ya no trabajen en el
gobierno. Solo los políticos que no pueden conseguir un puesto en el sector
privado tendrían responsabilidades en el gobierno”
Y Pablo Hiriart argumenta en su columna de El Financiero: “Desde
Palacio Nacional salieron pesadas acusaciones de conflictos de interés de ex
funcionarios públicos, algunas de las cuales ya fueron desmentidas y otras son
verdaderos absurdos.
¿Ellos hablan de conflicto de interés?
“El buen juez por su casa empieza, ha repetido con insistencia
el presidente López Obrador, y sería muy saludable que tomara en serio sus
palabras y atacara los conflictos de interés y simulaciones en el presente y en
su equipo. Vimos un caso que debería llamar la atención en el gobierno, por ser
una bochornosa simulación: Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones
y Transportes es dueño de un departamento en Houston que no declaró.
“El departamento se puso a nombre de la empresa Houston Relais
Real Estate Inc., que él fundó en enero de 2016 y aparece como administrador
único (Reforma). Antes de asumir como titular de SCT, Jiménez Espriú
cedió la titularidad de las acciones a su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, quien
ahora funge como administrador único de la empresa.
“Es decir: Jiménez Espriú creó
una empresa fantasma en Estados Unidos y se puso como administrador único de esa
compañía que tiene una sola propiedad: el departamento en Houston.
“¿Para qué una empresa
fantasma?
“Para pagar menos impuestos en
Texas.
“¿Por qué la puso a nombre de
su hijo?
“Porque él iba a entrar al
gobierno de López Obrador donde poseer un departamento en Estados Unidos es mal
visto pues tienen que aparentar ser pobres, casi franciscanos, y renegar de los
bienes materiales.
“Pura simulación, pues.
“Otro caso de conflicto de
interés: el presidente del PT –partido gobernante junto con Morena– maneja 75
estancias infantiles en 18 estados.
“Para este año recibirá un
presupuesto de 500 millones de pesos de parte de la Secretaría de Educación
Pública (como documentó Rubén Cortés en su Canela
Fina).
“Es decir, mientras se quita el
presupuesto a las estancias infantiles, a las del PT le aumentan el presupuesto
en 200 millones respecto al año pasado.
“¿No ve ahí ningún conflicto de
interés el gobierno del PT-Morena?
“Se autoasignan 500 millones de
pesos para estancias infantiles, algunas de ellas inexistentes (como la de
Atlatlahuacan, Morelos, que es un terreno baldío, sin niños).
“Por esa estancia que no da
servicio a ningún niño recibieron 30 millones de pesos.
“Treinta
millones por una estafa.
“Y le cierran la llave a las
estancias que sí funcionan.
“Más
conflictos de interés aquí y ahora, en la cuarta transformación: Para integrarse a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, contrapeso del Poder Ejecutivo, el Presidente propuso a
Yasmín Esquivel Mossa, esposa del constructor favorito del mandatario, José
María Riobóo.
“Riobóo convenció a López
Obrador de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco era inviable, sin
decir que él había perdido el concurso para hacer la ingeniería de las pistas.
“En ese entonces Riobóo pensaba
que el aeropuerto en Texcoco era tan buena idea que quería participar en su
construcción. Y ganar dinero, se entiende.
“¿Qué va a hacer la ministra
Esquivel Mossa cuando se lleven a la Suprema Corte casos del Nuevo Aeropuerto?
“El conflicto de interés es
evidente.
“Las otras dos personas
propuestas para integrar ese poder “autónomo” son:
“Loretta Ortiz Ahlf, ex
activista de Morena, promotora de los fallidos Foros de Pacificación que tenían
por objetivo dar respaldo social a una amnistía a criminales.
“¿De qué lado va a estar la
ministra Ortiz Ahlf? ¿Del lado de la ley que ella combatía como activista de
Morena, o del lado de los criminales que pretendía amnistiar?
“Y Celia Maya García, fundadora
de Morena, ex candidata de ese partido al Senado por el estado de Querétaro en
las recientes elecciones.
“¿Ella va a ser contrapeso del
Ejecutivo que encabeza el que la hizo candidata a gobernadora, a senadora, y
ahora la propone para un asiento en la Suprema Corte?
“¿Quieren ver conflictos de
interés? Ahí hay algunos, y son suyos, no “presuntos del pasado”.
“Falta espacio para ocuparnos
de los fiscales carnales en lucha contra la corrupción y delitos electorales.
“Excelente persona el fiscal
electoral, documentado y justo. Pero desde el primer día de este sexenio tiene
un jefe: Andrés Manuel López Obrador.
“Sí, hay conflictos de interés.
“También hay simulaciones
ofensivas.
“Lo vemos aquí y ahora.
“Existen en este gobierno.
“Pero es mejor buscar en “el
pasado”, aunque no sea verdad”.
Lamentable, y el presidente
sigue sin tomar posesión y sin hablar con la verdad.
