Por: Alonso Ronald Ortiz García.
@RonaldOrtizG / ronald.ortizg@gmail.com
El nombramiento de super delegados y la trasferencia de Secretarías a los Estados me hacen pensar que con AMLO estamos por inaugurar una paradoja de desenlace incierto: una centralización política acompañada de una descentralización administrativa.
Ambas decisiones deberían de ser explicadas a cabalidad desde sus aristas más técnicas. En este espacio abordaremos lo referente a la descentralización.
Es evidente que las crecientes exigencias de los ciudadanos por la prestación de mejores servicios públicos impulsa la idea de la descentralización, el fortalecimiento de la democracia y la generación de economías de escala son asumidos también como argumentos a favor.
La pregunta ¿para qué descentralizar?, nos lleva a otras interrogantes: ¿para qué sirve la descentralización?; ¿qué conviene descentralizar y qué es mejor dejar cómo está?; ¿cómo impactaría una mayor descentralización en la vida de los ciudadanos?, ¿ayudaría al desarrollo económico local?; ¿cómo afectaría la política sectorial? y ¿qué se pretende alcanzar con estas medidas?
En el plan de AMLO, al descentralizarse la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,18 familias se trasladarán a Yucatán generando, con su trabajo, desarrollo económico…pero ¿qué otras ventajas y desventajas tendría este hecho?
Una herramienta que nos puede ayudar a dar luz sobre esto es el análisis costo-beneficio, que se modela desde una idea sencilla: comparar los costos de una decisión versus los beneficios que esta entrega a la sociedad para evaluar de forma efectiva si se trata de la mejor alternativa.
Varios autores han determinado el impacto presupuestal de la descentralización de una unidad administrativa expresándolo de forma sencilla en:
D=T-{R + S) + C
Donde:
D = descentralización.
T = costo del traslado.
R + S = ahorro resultante del diferencial de rentas y salarios pagados en la capital y nueva ciudad sede.
C = costos de las comunicaciones con el centro.
No aplicaremos datos (números) porqué no son de conocimiento público, incluso es muy probable que el equipo de AMLO no los tenga aún calculados.
Sin embargo, de ésta sencilla fórmula surgen importantes interrogantes que pueden darnos luz para la discusión, algunas de ellas son:
-Las economías de escala generadas con el traslado ¿serán mayores a los costos de permanencia en la capital?
-¿Cuál es el efecto distributivo de las rentas y salarios pagados en la nueva sede?, ¿a cuánto ascenderá su efecto multiplicador sobre la actividad económica local?;
-De existir: ¿Cuáles son los ahorros del ciudadano por contar con oficinas gubernamentales ante las cuales pueden desahogar trámites y gestiones?;
-En su caso: ¿cuáles son los costos del ciudadano que desahoga trámites en más de una dependencia, cuando una permanezca en la capital y la otra en una nueva sede?;
-¿A cuánto ascienden los costos de eficiencia que se hacen necesariamente por la mayor dificultad de coordinación y comunicación y los diferentes gastos en que es necesario incurrir para realizar el traslado?
Aunque los costos y beneficios son difíciles de identificar y cuantificar y, más aún, comprobar que los beneficios sean superiores a los costos en el mediano plazo, la idea de la descentralización no es que sea mala si no que es incompleta.
Creo que el desafío de nuestro país es lograr el acceso a bienes públicos de la misma calidad en todas las entidades federativas. Se debe avanzar en el desarrollo de una política pública que se encargue de disminuir las brechas sociales derivadas de la disparidad territorial en el acceso a bienes y servicios públicos, desde esta visión estratégica tendría más sentido profundizar los procesos de descentralización.
Por tanto: la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio- de muchos que deben plantearse- para la superación de las desigualdades.
