Círculo Rojo, por: Eduardo Sadot-Morales Figueroa.
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A ver a qué hora sueltan las ráfagas de abrazos para
rescatar a trabajadores del INEGI, hubo una noticia delicada, en cuanto que representa
vidas humanas de mexicanos inocentes, cuyo único pecado es trabajar para el
INEGI, fueron interceptados y violentados, secuestrándolos, cuando lo único que
hacían era realizar las tareas propias de su trabajo, encuestas y llenado de
formato estadístico de material del INEGI.
Hasta donde se tiene información, el pasado 22 de
septiembre en el Estado de Chiapas, en el municipio de Honduras de la sierra,
quienes fueron retenidos y privados de su libertad en el Ejido la Cascada, los
tres trabajadores responden a los nombres de: Gamaliel, Yiner y Bilgail.
El motivo es que esa comunidad pasaría a formar parte
del municipio de Siltepec y no al nuevo municipio de Honduras. Los miembros del
ejido manifestaron, que, aunque han tenido pláticas con autoridades del
gobierno local chiapaneco, declararon que, si no logran sus pretensiones,
también secuestrarían a cuantos servidores públicos lleguen, hasta que
satisfagan sus demandas.
Es obligación del Estado mexicano, garantizar la
seguridad e integridad de sus ciudadanos, respetar las leyes y su imperio,
ejercer la fuerza pública en defensa de sus ciudadanos, al no hacerlo, es
omiso, responsable de las consecuencias de su falta de ejercicio, no es posible
que con el pretexto de que no vayan a decir que “soy represor” ni siquiera
hagan el intento de proteger vidas inocentes. Es inadmisible que, con ese
pretexto, no se haga uso de la fuerza pública ni siquiera en defensa de sus
ciudadanos y de personas inocentes.
Ya basta de permanecer cuidando más la imagen de un
gobierno que las vidas humanas de los mexicanos. No estamos diciendo que vayan
por la vida asesinando con juicios sumarios a cuanto mexicano haya por ahí. Lo
que decimos, y que quede muy claro, es que en tanto el gobierno permanece en la
terquedad de “cuidar su imagen” descuidando la protección que debe a los
ciudadanos, es negligente y omiso, y eso también es un delito que las leyes
castigan cuando se comenten delitos por omisión, por no hacer nada, por no
hacer lo que deben hacer, por no cumplir con su obligación de hacer valer el
derecho y ejercer la fuerza pública para protección de sus gobernados.
Es criminal no defender y proteger a los trabajadores
del INEGI, con el pretexto de que son parte de un organismo autónomo, cuando
son ciudadanos antes que trabajadores, como tal, el Estado mexicano tienen la
obligación de brindarles protección y amparo para preservar su vida.
Es inconcebible que cuando se trata de defenderse,
algún funcionario argumente que es “dueño de su silencio” y pretenda asumirse
ciudadano, antes que funcionario y de ese modo eluda su responsabilidad.
El asunto es, que los mexicanos ya entendimos y
estamos viendo y viviendo, cómo un régimen está más preocupado por preservar su
poder, su imagen y ganar elecciones que cumplir con sus tareas y
responsabilidades, ya hemos denunciado en éste mismo espacio, que las
“reuniones” del gabinete de seguridad, no son para ver la seguridad de los
ciudadano, sino para tratar los temas de la imagen del gobierno y su
gobernante, en un cuarto de guerra de campaña político, mientras se asesinan a
mexicanos inocentes o como es el caso, hay mexicanos cuyas vidas están en
riesgo.
