La revista peninsular
En un acto sorpresivo, 5 de los 7 magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron
destituir como presidente al magistrado José Luis Vargas Valdez por múltiples
irregularidades en el ejercicio de sus funciones las cuales ponen en duda la
autonomía del órgano electoral. El magistrado Vargas rechazó esta disposición
por considerar que estaba fuera de ley y anunció que acudiría a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los ministros dictaran quién
debía ocupar la presidencia del TEPJF. Por lo pronto, los magistrados
dispusieron que Reyes Rodríguez Mondragón ocupe el cargo de presidente y, muy a
pesar de Vargas Valdez, parece contar con el respaldo del tribunal.
Desde hace algunos años eran evidentes las tensiones
entre los magistrados del TEPJF, pero estas se agudizaron con la entrada de
José Luis Vargas a la presidencia del tribunal en noviembre del 2020. En más de
un par de ocasiones, la mayoría de los magistrados emitieron comunicados en
conjunto en los cuáles advertían disposiciones tomadas por Vargas Valdez las
cuales eran contrarias a la ley, así como también se deslindaban de cometarios
controversiales hechos Vargas desde su investidura de presidente del tribunal.
La semana pasada crecieron aún más las
inconformidades en contra de José Luis Vargas por dos motivos específicos. El
primero fue el comentario descalificativo que Vargas lanzó contra sus colegas
magistrados durante una sesión al referirse a ellos como “manada” por votar en
un mismo sentido, por lo cual tuvo que ofrecer disculpas momentos después. El
segundo refiere a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) ha emprendido en su contra por enriquecimiento ilícito; estas
indagatorias habían quedado en archivo por disposición de la fiscalía, pero se
reactivaron tras la insistencia de la UIF.
Los roces y tensiones detonaron durante la sesión
pública del TEPJF de este miércoles pues, al inicio de la misma, el magistrado
Felipe de la Mata Pizaña solicitó agregar al orden del día la discusión sobre
el desempeño de José Luis Vargas como presidente del tribunal. Esto comenzó un
debate de aproximadamente una hora en la cual los magistrados dieron sus puntos
de vista y Vargas Valdez les contestó que no intentaran un golpe de Estado pues
no estaba dentro de sus funciones. El entonces ministro presidente igual señaló
que la presidencia solo se termina por muerte o renuncia y no tenía intención
de renunciar.
La única que se posicionó del lado del magistrado
José Luis Vargas fue la magistrada Mónica Soto, quien dijo que no emitiría voto
alguno respecto a un tema el cual desconocía y, según su opinión, no estaba
relacionado con sus funciones constitucionales. Cabe aclarar que parecía
evidente que los magistrados Felipe de la Mata, Janine Otálora, Reyes
Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante se habían puesto de acuerdo antes
de la sesión para solicitar se discuta el desempeño de Vargas Valdez pues todas
sus intervenciones habían sido previamente construidas y redactadas; no fueron
comentarios improvisados en el momento.
Después de que los magistrados compartieran sus
opiniones sobre la revisión de su desempeño, el magistrado Vargas propuso
suspender la sesión pública para discutir en privado si se sometería a votación
la solicitud del magistrado Felipe de la Mata, a lo cual los magistrados
accedieron; no obstante, el magistrado Vargas no convocó a dicha sesión
privada. Tras esperar una hora a ser convocados, los magistrados enviaron un
documento a Vargas Valdez en el cual le hacían saber que reanudarían la sesión
pública en breve, pero este ignoró el mensaje.
Ante la ausencia del magistrado José Luis Vargas, la
magistrada Janine Otálora, en su calidad de decana, asumió la presidencia del
tribunal para decretar la reanudación de la sesión pública en la que solo
participaron los 5 magistrados inconformes. En esta sesión presidida por la
magistrada Otálora, los magistrados mencionaron las acciones y decisiones que
Vargas tomó durante su presidencia y que, de acuerdo a su perspectiva,
representan motivo suficiente para su destitución.
Entre lo que se le reprochó a José Luis Vargas,
sobresalen las acusaciones por traicionar a sus principios y deberes, su
intervención en favor de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio cuando fueron
acusados por no fiscalizar gastos de precampaña, la investigación de la UIF en
su contra y, en general, poner en tela de juicio la autonomía del TEPJF.
Con los 5 votos de los magistrados presentes, el
pleno del TEPJF decidió destituir al magistrado José Luis Vargas Valdez de la
presidencia y poner en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Mediante un video, Vargas Valdez dijo que su
presidencia continuaba vigente pues la sesión en la cual lo destituyeron no era
válida. El magistrado consideró que se había configurado una ruptura legal y
era necesario dialogar con sus colegas para resolver cualquier conflicto que
pudiese existir. Igual insistió en que el cargo de presidente dura 4 años y
solo puede suspenderse por fallecimiento o renuncia, entonces estaba fuera de
la ley lo emprendido por los magistrados. Finalmente, anunció que le pediría a
la SCJN determinar quién debía ser el presidente del TEPJF de acuerdo al marco
normativo.
Existe confusión en torno a quién es el presidente
legítimo del TEPJF pues, mientras quienes destituyeron al magistrado Vargas
dicen estar facultados para ello, éste último dice que no es cierto pues el
Pleno del tribunal no tiene tales competencias. Sin embargo, no hay duda en que
el actual presidente de facto es Reyes Rodríguez Mondragón pues cuenta con el
respaldo del personal del tribunal, además del reconocimiento de la mayoría de
sus colegas.
Estaremos atentos de cómo evoluciona este tema pues
es de gran relevancia para México, especialmente porque están próximas a
desahogarse impugnaciones del pasado proceso electoral en el TEPJF. Aún es
pronto para predecir cuál podría ser el desenlace de este conflicto, pero una
cosa es segura, José Luis Vargas Valdez ya no cuenta con el liderazgo
suficiente para coordinar el funcionamiento del máximo tribunal electoral del
país.
