El Congreso Nacional de Honduras anunció el miércoles 10 de diciembre de 2025 que no validará los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, en un contexto de fuerte tensión política y social en el país centroamericano.
La comisión permanente del Legislativo expresó que el proceso electoral estaba “manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico y maras, como MS‑13 y Barrio 18, entre otros, y mucho menos por presiones externas”, y que esto afectó la libertad de los votantes, por lo que no podía ser validado.
Luis Redondo, presidente del Congreso, señaló en conferencia de prensa en Tegucigalpa que la decisión del Legislativo responde a preocupaciones sobre la integridad del proceso y la intervención de factores que, según sus legisladores, han distorsionado el escrutinio de votos.
Este anuncio se produce mientras el escrutinio oficial sigue sin definirse y con retrasos significativos en el conteo de votos que han elevado las tensiones. Con más del 99 % de las papeletas contadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera por una estrecha diferencia sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pero inconsistencias en alrededor del 15 % de las actas han requerido una revisión adicional que podría alterar el resultado final.
Miles de ciudadanos, especialmente seguidores del partido oficialista LIBRE, han salido a las calles de la capital para protestar. Algunos manifestantes han bloqueado vías y exigido la anulación o repetición de los comicios, denunciando irregularidades en el proceso y alegando falta de transparencia en el conteo.
La tensión se ha visto agravada por acusaciones de injerencia internacional, en particular por comentarios y acciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura durante la campaña y tomó decisiones polémicas —como el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE. UU. por narcotráfico—, lo que ha sido criticado por diversos sectores políticos hondureños.
Las protestas y la incertidumbre reflejan un clima de descontento que recuerda a crisis electorales pasadas en Honduras, en las cuales la falta de consenso sobre los resultados ha generado movilizaciones sociales y cuestionamientos sobre la institucionalidad democrática.
Mientras tanto, observadores internacionales han instado a esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el escrutinio y garantice transparencia, al tiempo que se adelanta un recuento especial de las actas con inconsistencias para resolver posibles cambios en el resultado antes del 30 de diciembre, fecha límite para la certificación oficial.
En este contexto de polarización y desconfianza, el futuro político de Honduras sigue siendo incierto, con amplios sectores sociales, políticos y organismos internacionales atentos a los próximos pasos de las autoridades electorales y del Congreso.
