La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, enfrenta una crisis humanitaria debido a la intensificación de la violencia entre grupos armados ilegales. Según un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), más de 56,000 personas han sido desplazadas desde enero de 2025 como resultado de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una facción disidente de las antiguas FARC.
HRW ha documentado graves abusos contra la población civil, incluyendo ejecuciones de agricultores desarmados y el reclutamiento forzado de menores. La organización también señala que el ELN ha intentado consolidar su control sobre áreas estratégicas para el narcotráfico, con presunta complicidad de fuerzas de seguridad venezolanas. Por otro lado, la disidencia de las FARC ha impuesto trabajos forzados a los habitantes locales.
La situación se agravó tras la ruptura de una tregua entre estos grupos, lo que llevó al gobierno colombiano a suspender las conversaciones de paz con el ELN en enero. El presidente Gustavo Petro acusó a la dirigencia del ELN de haberse convertido en “codiciosos” narcotraficantes, alejándose de sus ideales revolucionarios.
Ante esta crisis, HRW insta al gobierno colombiano a implementar una política urgente de justicia y seguridad para proteger a la población civil y frenar la violencia en el Catatumbo. La organización enfatiza la necesidad de aumentar el número de fiscales e investigadores en la región y garantizar su protección para avanzar en las investigaciones de estos crímenes.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia en el Catatumbo, subrayando la urgencia de soluciones efectivas que salvaguarden los derechos humanos y promuevan la paz en la región.
