Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al
final, todo se descubre y al mismo tiempo la confianza muere para siempre
porque se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo.
El caso Ayotzinapa es un claro ejemplo. La verdad
histórica quedó sepultada. El gran esclarecimiento que ofreció López Obrador
desde su campaña no evitó que los padres de los 43 desparecidos y grupos
colectivos de derechos humanos, familiares y compañeros protestaran contra su
gobierno.
Los manifestantes se sienten traicionados luego de que
21 órdenes de aprehensión fueron desestimadas, entre ellas, las de 16 militares
y se preguntan a coro, mientras desfilan por Paseo de la Reforma: ¿a qué
obedece, qué compromisos hicieron, qué pactos realizaron con los militares?…
Y mientras el presidente pretende militarizar la
seguridad pública hasta 2028, la protesta gira a una exigencia que es clamor:
que se abran todos los expedientes del Ejército, que aclaren cuál fue su
participación en esa normal rural que mantenía infiltrada y que sean castigados
los implicados.
Ocho años después, el reclamo es el mismo desde el
primer día. Pronto se acabó la farsa del nuevo gobierno, hoy a punto de cumplir
su último tramo de gestión.
Peniley Ramírez, columnista de Reforma, hizo público
un informe oficial sin tachaduras que exhibe en buena medida las partes que no
quería el gobierno que se publicaran, en lo que se tomó como un encubrimiento.
La versión no cambia, los detalles son sangrientos y acreditan
una saña inaudita, pero eso ya se sabía, lo que no se sabía era que López
Obrador también tenía a quien encubrir de ese crimen y por eso el reclamo.
La realidad es que el nuevo informe de Ayotzinapa no
persigue a quienes mataron a los estudiantes, hoy se persigue a quienes
investigaron y mientras 120 implicados, que reconocieron su participación en
los hechos, han sido liberados con el argumento de que “fueron torturados”.
Poco novedoso en el informe de 103 páginas. Lo nuevo
es que todos fueron asesinados esa noche, descuartizados y enterrados, que el
alcalde de Iguala, protegido y apoyado para el cargo, por Andrés Manuel López
Obrador, dio la orden porque “tenía que proteger el informe de mi mujer”, a la
postre hija y parte de la familia que fundó al cártel de drogas Guerreros
Unidos, y a quien pretendían promover como alcaldesa después de que terminara
el cargo de su marido José Luis Abarca.
En las nuevas revelaciones la hija de Abarca le habría
escrito a una amiga que su padre ordenó la ejecución “para que no hicieran un
desastre”.
Lo que exhibe este informe es lo que la realidad no
puede ocultar: el actual gobierno no ha dado resultados ni en seguridad ni en
ni uno de los ámbitos de su competencia: salud, educación, inversión…
En un twit, Pascal Beltrán del Río resume
magistralmente lo que ha sucedido con el último informe de Ayotzinapa: la
investigación de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y Derechos
Humanos, ha dejado insatisfechos a los padres de los normalistas y molestos a
los militares. También creó una confrontación en la FGR, entre el fiscal
general y el fiscal caso. Un asesino confeso está libre y quien lo detuvo está
preso. ¿Cuál es la ganancia?
Carlos Loret de Mola detalla que en una de esas
reuniones del gabinete, antes de las mañaneras, donde de todo se habla pero
nada se resuelve, el general Luis Crecencio Sandoval habría advertido a los
presentes, el secretario de Gobernación la encabezaba ese día: “si siguen
manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”,
tronó el mando militar y con ello dobló al gobierno de López Obrador y logró
que cancelaran las órdenes de aprehensión contra los militares.
El mensaje, dice Loret citando fuentes “con
información de primera mano”, estaba dirigido al presidente López, ausente en
la reunión y con ello cambió la narrativa que Alejandro Encinas, subsecretario
de Gobernación para Derechos Humanos, había hecho pública en su ronda de medios
y entrevistas.
La realidad es que el tema se empalma con la exigencia
presidencial para que el Congreso autorice una ampliación del plazo en el que
la Guardia Nacional debe contar con militares y marinos, que serían regresados
al cuartel en 2022.
La pausa provocada por la falta de los votos
suficientes para avalar la propuesta hecha por el PRI y de interés
presidencial, sólo hizo visible algo que López Obrador si ha sabido hacer: no
cumplir sus compromisos, como el del inciso 7° que señalaba la obligación del
gobierno de fomentar vía presupuesto la capacitación y fortalecimiento de las
policías civiles municipales y estatales, algo que no sólo no se cumplió sino
que se hizo lo contrario al cancelar los presupuestos para ese fin.
En el declive de su gobierno, Andrés tampoco cumplió
una de las bases de su campaña: resolver el tema de los 43 de Ayotzinapa
precisamente porque no regresaron con vida y hoy sólo unos cuantos restos de
los cuerpos han sido plenamente identificados porque los mutilaron y
desmembraron hasta desaparecerlos.
Dice Catón en su columna del pasado miércoles 28 de
septiembre: “La 4T ha frenado el progreso de México. Ha frenado la inversión.
Ha frenado la creación de empleo. Ha frenado el crecimiento económico del país
y el desarrollo en materias como la educación, la salud y la seguridad. Ha
frenado el impulso democrático y la aspiración de hacer de la República un
Estado de Derecho. Lo único que no ha podido frenar es la inflación…
Los mexicanos no tenemos nada que celebrarle al
gobierno, sólo nos regocija pensar que, al menos, ya sólo falta una veintena de
meses para librarnos de ellos…
P.D.
Diálogo
imaginario: Gober, necesito su ayuda para que mi
propuesta de alargar el periodo de presencia de la guardia nacional se amplíe.
Me faltan votos, ¿podrías ayudar? Claro, Sr. Presidente, ahora mismo le mando a
Raúl Paz a Morena y sirve que así tengo un alfíl en su partido por si lo
necesito o no me conviene apoyar al PAN. Usted sabe, hay que ser precavido y
pensar en que esas embajadas no se darán gratis…
