Por: Eduardo Ruíz-Healy
¿Cuántas personas trabajan para las organizaciones
criminales mexicanas, ya sean cárteles, bandas o pandillas, que integran lo que
podemos llamar el sector delincuencial de la economía mexicana?
La realidad es que nadie lo sabe con certeza. Varios
investigadores y funcionarios, tanto de México como de otros países, han
debatido y escrito sobre este tema.
¿Acaso son 450,000 hombres, mujeres, adolescentes y hasta
niños los que trabajan directamente para alguna de estas organizaciones, además
de 3.2 millones cuyas actividades están de alguna manera relacionadas con el
narcotráfico? Esta cifra fue propuesta por Martha I. Chew Sánchez,
cocoordinadora del Programa de Estudios Caribeños, Latinoamericanos y Latinos
de la Universidad de St. Lawrence en Nueva York, en su artículo ”
Paramilitarism and State-Terrorism in Mexico as a Case Study of Shrinking
Functions of the Neoliberal State “(Paramilitarismo y terrorismo de Estado en
México como el estudio de un caso de las funciones cada vez más reducidas del
Estado neoliberal), publicado en enero de 2014 en la revista estadounidense
“Perspectives on Global Development and Technology”.
¿O quizás se trata de cerca de 45,000 personas en varios
países, pertenecientes solo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación, como afirmó Anne Milgram, directora de la Administración de Control
de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en su
comparecencia ante el Congreso estadounidense en julio pasado?
Otro dato es el de 175,000 personas, como lo estimaron
Rafael Prieto-Curiel del Complexity Science Hub /Centro de Ciencias de la
Complejidad) de Viena, Austria; Gian Maria Campedelli, del Departamento de
Sociología e Investigación Social de la Universidad de Trento, Italia; y el
finado Alejandro Hope, reconocido analista y experto en temas de seguridad en
México. Su análisis se publicó el 21 de septiembre en la revista “Science” bajo
el título “Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in
Mexico” (Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir
la violencia en México).
Ninguno de los mencionados aclara si sus cifras incluyen a
policías, soldados, guardias nacionales, fiscales, magistrados, jueces,
abogados, contadores, asesores financieros, fiscalistas, banqueros, ejecutivos
en casas de cambio y empresas de envío de dinero, y otros profesionales que, de
alguna manera, protegen o velan por los intereses de estas organizaciones
criminales. Tampoco se sabe si se consideran a aquellos individuos conocidos
como “halcones”, cuyo trabajo es informar a los delincuentes sobre movimientos
de las fuerzas de seguridad o a los médicos que atienden a criminales heridos.
No se menciona a los políticos y funcionarios que podrían proporcionar
información o seguridad a los grupos criminales en sus áreas de influencia.
La incertidumbre sobre estas cifras es tal que incluso el
presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al número proporcionado
por Milgram, señaló: “No tenemos esa información. No sé de dónde sacó esa cifra
la señora de la DEA. Ojalá nos proporcionaran más detalles”. En esa ocasión no
dijo tener otros datos porque seguramente no los tiene.
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