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Cuba ante el desabastecimiento agudo de combustible y la intensificación de la crisis energética por presiones internacionales

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Cuba enfrenta un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que ha llevado al Gobierno de la isla a anunciar un plan de contingencia nacional para hacer frente a la grave crisis energética derivada de la reducción y bloqueo de suministros por parte de terceros países, en especial tras las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos, que han limitado el acceso al petróleo venezolano y amenazado con imponer aranceles a naciones que continúen enviando combustible a La Habana, afirmaron autoridades cubanas en una comparecencia oficial. 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció en una intervención televisada que el país podría atravesar tiempos difíciles y que era necesario implementar un plan de desabastecimiento agudo de combustible ante la presión ejercida desde Estados Unidos, que ha intensificado las sanciones y restricciones al suministro energético cubano. El mandatario instó a un esfuerzo “muy fuerte, muy creativo y muy inteligente” para sortear la denominada “persecución energética y financiera” de los últimos meses, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las medidas concretas incluidas en el plan. 

Las fuentes oficiales han atribuido la crisis al cierre del flujo de petróleo desde Venezuela a inicios de enero, tras la captura del presidente venezolano, lo que dejó de suministrar a Cuba una parte significativa de su demanda energética. Estados Unidos, por su parte, ha advertido con imponer sanciones a países que suministren combustible a la isla, lo que ha dificultado aún más la obtención de recursos energéticos por parte del Gobierno cubano. 

Ante esta situación, Cuba ha comenzado a rememorar y adaptar medidas inspiradas en el llamado “Período Especial” de la década de 1990, cuando la isla enfrentó una profunda escasez tras el colapso de la Unión Soviética. El Gobierno ha señalado que directivas similares, aunque actualizadas para el contexto actual, están siendo consideradas para enfrentar la nueva etapa de escasez, con el objetivo de racionar combustible y reorganizar la economía en función de los recursos disponibles y las prioridades esenciales del país. 

La escasez de combustible ya ha tenido impactos palpables en la vida cotidiana de los cubanos, incluidos prolongados cortes de energía y la paralización de servicios básicos como el transporte urbano en La Habana, donde las autoridades reconocieron la suspensión de rutas de autobuses y microbuses debido a la falta de combustible para operar, afectando a miles de residentes que dependen de esos servicios para desplazarse a sus trabajos, escuelas y centros de atención médica. 

El Ejecutivo cubano ha rechazado las afirmaciones de que el país está al borde de un colapso total, aunque ha admitido que la situación exige una reorganización profunda de la gestión energética y promete mantener los esfuerzos para restablecer el abastecimiento de combustible. Díaz-Canel ha reiterado que Cuba no renuncia a recibir combustible y sigue realizando gestiones para lograr que regresen los envíos necesarios para satisfacer las demandas del país. 

En el ámbito internacional, la crisis ha generado reacciones mixtas, con Estados Unidos ofreciendo asistencia humanitaria adicional mientras sostiene políticas que complican el acceso de Cuba a los mercados energéticos, y con actores globales advirtiendo sobre los riesgos humanitarios si no se atienden las necesidades energéticas de la isla. La situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía cubana ante shocks externos y ha desencadenado un debate sobre la necesidad de mecanismos de cooperación internacional que permitan mitigar los efectos de la crisis sobre la población civil. 

La preparación de este plan de desabastecimiento agudo de combustible y las medidas de contingencia asociadas constituyen un reto inmediato para el Gobierno cubano en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y limitaciones estructurales de la economía, con posibles repercusiones de largo plazo en sectores productivos y servicios públicos esenciales si no se logra revertir la actual escasez energética. 

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