En una reciente actualización judicial, el gobierno de Bolivia ha vuelto a situar en el centro del debate a la exmandataria interina Jeanine Áñez, al atribuirle responsabilidades por las muertes ocurridas durante las protestas de 2019. La nueva acusación implica que su administración habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
Durante las protestas de finales de 2019, dos episodios marcaron la historia boliviana: la Masacre de Sacaba, ocurrida el 15 de noviembre en Cochabamba, y la Masacre de Senkata, registrada el 19 de noviembre en El Alto — hechos que, según informes de organismos internacionales, constituyen un uso desproporcionado de la fuerza, con al menos una veintena de muertos.
Para las autoridades actuales, Áñez —quien asumió la presidencia en noviembre de 2019 en un contexto de crisis política— debía responder por su rol como máxima autoridad en ese momento, con control sobre las fuerzas de seguridad. La acusación sostiene que esas fuerzas ―militares y policiales― actuaron conjuntamente en operativos que derivaron en ejecuciones sumarias contra manifestantes desarmados.
Este nuevo proceso se suma a los ya abiertos contra Áñez —quien fue encarcelada en marzo de 2021— por su supuesta participación en el derrocamiento del gobierno de entonces, así como por otros actos vinculados con la sucesión presidencial.
La reanudación de estos cargos ha generado expectación tanto en Bolivia como en la comunidad internacional, que reclama una justicia plena y el esclarecimiento de los hechos. La decisión también revive debates sobre la rendición de cuentas, el uso de la fuerza estatal y la protección de los derechos humanos en contextos de crisis política.
