Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
El envilecimiento de la vida política tiene nombres y
apellidos. Hoy, desde la presidencia de la República instruyen a los
legisladores, esos hombres y mujeres que confeccionan las leyes, a violentar su
proceso legislativo sólo para ofender, denigrar y aplastar a quienes no piensan
o no están de acuerdo con el presidente.
En el proceso, los legisladores se ofendieron a ellos
mismos: no acreditaron profesionalismo, nacionalismo, menos independencia y
autenticidad en sus razones, unos borregos, pues…
En el camino, los legisladores, diputados y hoy hasta
los senadores, se lanzan a la faena de aprobar leyes sin leerlas, sin
discutirlas y menos cambiarlas ni compartirlas con sus compañeros de otras
fracciones políticas.
La idea es aplastar, acreditar que por su mayoría
ellos tienen el poder aunque no tengan la razón.
Son los tiempos de la negación de la política, del
diálogo, del acuerdo. Son los tiempos de la canalla: si no me das gusto te
destruyo, te ofendo, te lastimo, te lesionó, te desacredito.
Hasta Ricardo Monreal, que se había caracterizado por
ser el dialogante y había puesto por delante su calidad de constitucionalista,
dio un giro y no sólo faltó a su palabra sino que avaló la premura de las
aprobaciones a pesar de que él se ufanaba de que el Senado acreditaría su
calidad de cámara revisora.
Cuando el presidente ordena no cambiarle ni una coma a
sus propuestas, lo que hace es negarse a pasar por el sistema de filtros
legales y constitucionales que le permitirían corregirle la plana a sus temas
para evitar violaciones constitucionales y puedan ser aprobados. A ratos, esa
decisión a hacerlo fast track pareciera una estrategia para victimizarse y
tener un adversario vigente que le reditúe en popularidad a pesar de los
escasos resultados de la gestión.
El presidente no atenderá temas legales como nos los
ha atendido desde el inicio de su gestión, lo que no consideró es que la
derrota de su propuesta en 2021 lo hiciera perder el Congreso a pesar del
triunfo en las gubernaturas aunque hayan tenido que padecer la anulación del
registro de los aspirantes designados para Michoacán y Guerrero.
La diferencia es que con la elección del nuevo
presidente de la Corte se topó con el escándalo de su preferida para el cargo,
Yazmín Esquivel, y quien llegó, Norma Piña, se ha acreditado como profesional
independiente y ha asumido su papel de presidir un poder del país, cosa que no
vimos durante la gestión de Zaldívar como responsable de la Suprema Corte.
Es el mismo caso del INE, le toleraron la
independencia mientras no consideró necesaria la ofensiva cosa que aceleraron
los comicios del 2021 ante la derrota. Por eso, el presidente decidió que
desaparecerlo y regresar al esquema vigente hasta 1988 era la única vía de
generar la permanencia de su proyecto de gobierno y llevarlo a sostenerse
después de su presidencia.
Por eso el plan B electoral que no es otra cosa más
que la reedición de las elecciones controladas y vigiladas por el gobierno,
como en los tiempos del gran fraude de Manuel Bartlett y el despojo a
Cuauhtémoc Cárdenas y la imposición de Carlos Salinas en la presidencia.
La derrota de la primera parte del plan B vaticina que
la misma acuciosidad legal que los magistrados usaron para hacer inválida la
ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativa, podría
servir de base para la segunda ronda de la reforma, que será discutida por los
ministros de la Corte en breve. Y ante el fracaso, la amenaza formal que se
concretaría con la reducción del presupuesto, la extinción de los fideicomisos,
la anulación de las prestaciones de los magistrados a quienes hoy, por primera
vez, exhibe como privilegiados.
“Pasamos al plan C”, dijo Adán Augusto López
Hernández, secretario de Gobernación, cuando se enteró que la primera parte del
Plan B del presidente López Obrador, había sido aplastada por 9 votos a 2 por
el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Los magistrados no tuvieron que irse al fondo de las
consideraciones legales: les bastó la violación del proceso legislativo para
decidir que las leyes que no se discuten, que no se ponen a consideración de
todos los que representan el legislativo, simplemente no pasan porque no son
democráticas al invalidar a los demás por la mayoría que decidió darle completa
disculpa de trámite y de discusión en las cámaras.
Escribió Germán Martínez, el senador, a propósito de
una carta de presidencia que alegaba que la Suprema Corte de Justicia usurpaba
la función del Congreso electo popularmente:
“Pero ¿los jueces modernos pueden legislar? Claro que
sí. El concepto es “legislación negativa”, es la máxima exposición
del poder dividido y la garantía para que la Constitución sea respetada. “Todo
Estado Constitucional, si se precia de serlo, debe contar con un
“legislador negativo” que pueda anular lo dictado contra la
Constitución, de lo contrario el “legislador positivo” (los diputados
y senadores) podrían hacer con la Carta Magna un papalote, treparse en él para
aterrizar en el AIFA, a lamerle las botas al soldado que les ordenen. “¿Cómo
podemos vivir todos iguales de acuerdo a la Constitución si le damos al Poder
Legislativo pleno poder de hacer lo que le dé la gana con sus leyes? ¿Acaso no
tiene poder de vetar leyes el Presidente? ¿Eso no es legislar? También ese
poder debe estar sujeto a la Constitución.
“El legislador negativo expulsa del mundo jurídico,
invalida, la norma que no está ajustada a la Constitución, y esa facultad la
tiene un Tribunal Constitucional como lo diseñó Hans Kelsen. Kelsen no es Chico
Che, pero no se puede alegar ignorancia para incumplir la ley. “Al comunicado
de la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la Suprema Corte de Justicia
de la Nación le sobra lealtad al patrón, que en este caso actúa como rey; y le
falta conocimiento de la historia y teoría constitucionales en las que pretende
sostener su convivencia el único soberano de México, su pueblo”. Concluye la
cita del artículo del senador en Reforma.
No se necesita ser experto en derecho constitucional
para imaginar el destino que tendrá la segunda parte de las leyes del plan B,
anulado hoy en sus primeras reformas en la ley de Comunicación Social y de Responsabilidades
Administrativas con las que se pretendía que el gobierno pudiera gastar en
campañas de sus logros y sus funcionarios no tener responsabilidad al hacer
proselitismo desde sus cargos públicos.
La decisión de la SCJN es una respuesta a la manifestación
de una sociedad que no quiere que desaparezca el órgano de control electoral,
ese que nos ha dado certeza jurídica en los cambios de gobierno y ha resuelto
en paz las diferencias electorales.
Resuelto ya el tema electoral, el proceso federal en
el que se elegirá un nuevo presidente, un nuevo congreso con diputados
federales y senadores, además de gobernadores y congresos locales así como
alcaldías se realizará con las leyes vigentes, esas mismas que llevaron a López
Obrador a la presidencia sin quejas de su parte.
Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo.
En un gobierno donde al presidente no le digan que “la ley es la ley”, los
nubarrones de tormenta y violencia se intensifican y nada parecerá detener a
Morena y su gobierno para no sólo protestar contra la Corte sino también
violentar las leyes electorales, como sucedió en 2021 que aunque se impusieron
por la mala en muchas gubernaturas con la ayuda del narco.
En los comicios de 2021 hubo 90 políticos asesinados,
hubo además secuestro de candidatos, de miembros de los equipos de campaña, de
promotores del voto. 782 agresiones se contabilizaron en los comicios donde el
signo del narco está ya en Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Morelos, Chihuahua,
Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, además de los que están en el Pacífico Norte.
PD
Adán Augusto López remontó su conocimiento en las
encuestas y prácticamente pasó de un 20 por ciento a un 45 y eso pone en riesgo
la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. En Campeche, hay pasos en la
azotea…
