Claroscuro, por:Francisco López Vargas
La actitud beligerante de quien encabeza el gobierno del país ha hecho que muchos crean que la agresividad y el denuedo de los que no piensan como uno se conviertan en un deporte para agredir, ofender y acusar a los diferentes por el simple hecho de pensar distinto.
Los excesos en el ejercicio del poder siempre han sido motivo de análisis y de sumisión para unos y de aclaración para otros.
El país no debería estar sumido en ese enfrentamiento social de quien tiene como obligación suprema ser tolerante y punto de equilibrio nacional pero sobre todo ver a cada ciudadano como su mandante: persona que confía a otra su representación o la gestión de su país.
Nadie tiene la obligación per se de estar de acuerdo ni de aceptar los criterios impuestos desde el gobierno sólo porque el gobierno lo sea. Tampoco nadie está obligado a aceptar un proyecto que no le gusta aunque éste sea aprobado por la mayoría.
Lo honesto, lo correcto, es que manifieste sus desacuerdos y que éstos se le respeten o, en el mejor de los casos, se le explique y traten de encontrar un punto de acuerdo y desde ahí intentar conciliar sus puntos de vista. Esto no es el caso en el México de hoy, menos que nunca y vaya que ha habido excesos y parcialidad en las autoridades.
Nos enteramos un día si y el otro igual que el presidente de la República, como también algunos gobernadores, creen que haber llegado al poder les permite hacer lo que a su parecer convenga.
Una idea romántica dice que, al ganar, los vencedores deben hacer un ejercicio de humildad y tratar de acercar a quienes no lograron convencer, aunque muchas veces hemos sido testigos de que no es así, hoy menos que nunca.
En la cultura política presidencialista de este país, pareciera que los ciudadanos debemos de someternos y aceptar, sin condiciones, las decisiones de un Ejecutivo que normalmente llega al cargo en una elección en la que ni siquiera logra el 50 por ciento de los votos de quienes acuden a las urnas.
La democracia nos ha otorgado instrumentos legales para vigilar al gobierno y la básica es que debiéramos tomar posesión de algo que nos llega con la mayoría de edad: la ciudadanía y usarla como el escudo imbatible contra quienes elegimos para que sean nuestros mandatarios.
En los tiempos de la canalla sólo basta quejarse, ofender, insultar pero no aceptar ni una sola responsabilidad porque para eso tengo el apoyo de 30 millones que votaron por mi proyecto de gobierno, ese que seguimos sin conocer y del que sólo conocemos pinceladas de ocurrencias.
En el ejercicio de la ciudadanía, los mexicanos hemos abdicado al poder no sólo porque permitimos un gobierno de partido único y hegemónico, en algunos sitios por casi 100 años, sino porque también hemos consentido que nos gobiernen autócratas que han abusado del poder y del erario para su uso personal.
Les dejo un artículo de Luis Carlos Ugalde, publicado en El Universal, sobre la revocación de mandato que aún no tiene ley secundaria:
¡NO a la consulta de revocación de AMLO!
Una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador para una presidencia de seis años.
López Obrador fue electo para un periodo de seis años y debe concluirlo de forma responsable. Por el bien del país urge desinflar cualquier intento propagandístico de una ratificación de mandato en marzo de 2022 (disfrazada de una consulta de revocación) que solo llevará a un final de sexenio conflictivo e inestable.
Una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Primero, se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador en 2018 para una presidencia de seis años. La ley no puede ser retroactiva: si la consulta revocatoria se aprobó en 2019 debe aplicar para el presidente que elijamos en 2024, no antes.
El 11 de mayo de 2020, al declarar inconstitucional la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, la Suprema Corte estableció que alterar plazos de gobierno con posterioridad a una elección viola diversos principios del sistema democrático mexicano, como son los de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad.
Segundo, cualquier resultado es malo para el país porque el ejercicio polariza por definición. Si no se alcanza 40 por ciento de participación —lo más probable—, el ejercicio es inválido: se tiran a la basura cientos de millones de pesos, pero las meras campañas polarizan al país.
Si se alcanza 40 por ciento y gana la permanencia —lo siguiente más probable—, López Obrador denostaría con más ahínco a sus adversarios a quienes tildaría de golpistas derrotados por la historia. Finalmente, si se alcanza 40 por ciento y gana la revocación y López Obrador se va, peor aún: el nuevo gobierno sería más radical y emprendería —seguramente— una persecución contra los adversarios de la 4T: los golpistas a quienes buscarían eliminar antes de 2024.
La Constitución establece que, si López Obrador pierde la consulta y renuncia, el Congreso erigido como Colegio Electoral nombraría presidente sustituto para lo cual se requiere quorum de 2/3 pero solo una mayoría absoluta de votos (50 por ciento + 1), de tal forma que Morena y sus aliados escogerían al sucesor.
Es fácil imaginar el talante del sustituto: más radical para ganar apoyo de las bases obradoristas y más estridente para vengar a AMLO de sus enemigos golpistas. También imagino que uno de los nombres que surgirían para sustituir a López Obrador sería el de su esposa, quien sería una sucesora natural para concluir la obra de su esposo con fidelidad y lealtad.
También imagino la tentación de Morena de enmendar la Constitución para permitir que López Obrador pueda ser candidato presidencial nuevamente en 2024. Lejos de deshacerse del presidente, los adversarios ingenuos de López Obrador que alientan la consulta pueden provocar su permanencia por más tiempo.
Ahora hagamos una recreación de la noche del 6 de marzo de 2022 cuando ocurriría la jornada electoral según un transitorio de la reforma de 2019. Si se diera la derrota de López Obrador en las urnas, ¿aceptaría el resultado? ¿Podría el mayor crítico y denostador del INE, al que acusa de cometer fraudes, aceptar un resultado adverso y renunciar a su cargo sin atrincherarse en Palacio Nacional y convocar a marchas para defender a la 4T?
Pero acaso el argumento más potente para evitar la consulta revocatoria es de mediano plazo. Si se inaugura dicho ejercicio en 2022, los futuros presidentes vivirán —durante la primera mitad de sus mandatos— bajo el asedio de sus enemigos quienes buscarán derrocarlos al cuarto año. En lugar de gobernar, tomarán decisiones para sortear esa trampa política. La virtud de la estabilidad presidencial que ha disfrutado México (y que por supuesto tiene efectos nocivos) se diluiría para tener presidentes amenazados en permanente incertidumbre.
¿Cómo evitar que un capricho personal se convierta en un catalizador de inestabilidad política? Dejando solo al presidente en su fiesta propagandística para ratificarse a sí mismo. Que sea él quien junte las firmas para removerse del cargo (se requieren casi tres millones de ellas) y luego que haga campaña solo en contra de los molinos de viento.
Ignorar al presidente es la mejor arma para desinflar sus afanes protagónicos y populistas. Anunciar, desde ahora, que los partidos opositores y las organizaciones críticas del gobierno no participarán en ningún ejercicio que busque remover al presidente a quien se le debe exigir terminar su mandato de seis años de forma responsable.
