Una iniciativa legislativa que busca reconocer y regular el derecho a la propia imagen en el estado de Quintana Roo ha generado debate entre legisladores, periodistas y diversos sectores de la sociedad, debido a sus posibles implicaciones en el uso de fotografías, videos y otros contenidos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
La propuesta plantea modificar el Código Civil estatal para incorporar el llamado “derecho a la propia imagen”, con el objetivo de que las personas tengan control sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen, especialmente cuando se utilice sin autorización y pueda afectar su reputación, privacidad o integridad. La iniciativa también pretende establecer mecanismos legales que permitan a los ciudadanos exigir responsabilidades cuando su imagen sea utilizada de forma indebida.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, se busca reconocer la imagen personal como un atributo de la personalidad, al mismo nivel que el nombre o el estado civil. En este sentido, el proyecto establece que constituirá un acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso, lo que podría dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.
“Constituirá acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso”, señala el texto de la propuesta, que también contempla que una autoridad judicial pueda ordenar el cese de la publicación y la reparación de los daños en caso de que se determine un abuso.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado inquietud entre comunicadores y especialistas en libertad de expresión, quienes advierten que algunos apartados podrían interpretarse como una limitación al ejercicio periodístico o a la difusión de hechos de interés público.
Ante estas preocupaciones, legisladores que impulsan la propuesta han señalado que el objetivo de la reforma no es restringir la labor informativa ni establecer mecanismos de censura. Durante un diálogo con representantes de medios de comunicación, la diputada María José Osorio Rosas afirmó que la iniciativa “no tiene como propósito restringir la labor informativa”.
El proyecto también contempla excepciones para permitir el uso de imágenes cuando se trate de figuras públicas, eventos o hechos de interés público. No obstante, especialistas han señalado que la redacción de algunos artículos podría generar interpretaciones ambiguas sobre cuándo se aplica esta excepción.
La discusión sobre esta reforma ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia digital y el uso indebido de imágenes en internet, fenómeno que se ha intensificado con el acceso masivo a teléfonos móviles y redes sociales. En muchos casos, fotografías o videos pueden difundirse rápidamente en plataformas digitales y generar burlas, ataques o afectaciones a la reputación de las personas.
Actualmente, el marco jurídico del estado no contempla una regulación específica sobre el derecho a la propia imagen, lo que, según los promotores de la iniciativa, dificulta que las víctimas puedan iniciar procesos legales o exigir responsabilidades cuando su imagen es utilizada sin autorización.
Debido a las dudas planteadas por distintos sectores, la iniciativa continuará en análisis dentro del Congreso estatal, donde se prevé que sea revisada y eventualmente modificada durante su discusión en comisiones. Mientras tanto, el debate público continúa entre quienes consideran que la reforma podría fortalecer la protección de la privacidad y quienes advierten que debe garantizarse plenamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
