Por: Ismael Méndez Camargo.
Es muy común en
muchas instituciones públicas, de cualquier sector de la sociedad, que existan
personas que no cumplan con sus actividades laborales, y que devengando un
salario, no lo desquitan como debe ser, además que con sus acciones perjudican
y lastiman a otras personas que si cumplen con su trabajo. Tal es el caso de
los sucesos ocurridos la última semana de octubre en la facultad de derecho de
la Universidad Autónoma de Yucatán, cuando una maestra que responde al nombre
de Glendy Aguilar Mena, acusó a los directivos de dicha facultad de acoso
laboral, maltrato verbal y otras impugnaciones que no fueron ciertas,
lastimando y perjudicando la imagen de la institución, como también alterando
el orden de la misma.
Estos hechos no
solo repercutieron en la honra del director así como del secretario
administrativo, sino que también, se usó como motivo político ante las próximas
elecciones para rector, donde contiende el abogado general de la UADY, Lic.
Renán Solís Sánchez, quien fue director de la mencionada y prestigiada facultad
de derecho, ya que la implicada maestra Aguilar Mena, trató de lavar su falta
de falsificar firmas de maestros faltistas, violando el reglamento interno de
la escuela, así como la de su contrato laboral, que trajo como consecuencias
una sanción administrativa, misma que se impartió en base las pruebas que se le
presentaron por su mal proceder, no sin antes ser apercibida de que no
repitiera esa acción.
Todo parecía estar
bajo términos normales, pero la maestra que había estado falsificando la firma
de un maestro faltista, que responde al nombre de Joaquín Cardeña Sánchez,
quien a su vez trabaja en la Secretaría de Salud de Yucatán, sintió que podía
ser destituida de su trabajo, pues es docente bajo contrato y alebrestó a los
estudiantes a manifestarse con la complicidad de los allegados de la consejera
alumna Alejandra Mejía Palma, la cual no simpatiza con el director abogado
Carlos Macedonio Hernández, por ser una persona
muy conflictiva y que ha tenido frecuentes enfrentamientos con el citado
director, precisamente por su mal carácter y prepotencia, a pesar que las
autoridades de la facultad la han apercibido a mejorar sus actos, más porque ya
está por egresar y que termina su cargo de consejera en el mes de diciembre.
La maestra Aguilar
Mena en un principio denunció acoso personal con tintes sexuales, mal trato y
otras situaciones para curarse en salud, por temor a ser destituida, pero no
solo fue esa acción sino que también acusó al abogado General de la UADY
maestro Renán Solís Sánchez, quien es fuerte candidato a ocupar la rectoría de la
máxima casa de estudios, de no atender su queja supuestamente para proteger al
Secretario Administrativo Lic. Jorge Rivero Aguilar, quien es una persona muy
correcta y cumplido de sus funciones. Es evidente que además de los problemas
internos que causó la docente, trató de manchar la imagen del abogado general
que está muy arriba de las encuestas en las preferencias de la comunidad
universitaria, y que es ajeno a los problemas laborales de las facultades, pues
para eso están los directores y existen supervisores para activar los procesos
de activar el protocolo de protección de género y acoso de cualquier tipo,
precisamente para proteger a todos, especialmente a las mujeres, ya sea
maestras, empleadas y alumnas.
Todo el problema
ocurrió entre los meses de agosto y septiembre, pero aprovecharon la semana
cultural, académica y deportiva del aniversario de la facultad para que la
maestra Aguilar Mena tratara de manchar con su actitud esta celebración, aunque
no lo logró, sobre todo las conferencias con la asistencia de reconocidas
personalidades del ámbito jurídico local y de otras partes del país, que hacen
un esfuerzo por asistir a estos eventos en beneficio de las nuevas generaciones
de los futuros abogados, a los cuales se les debe inculcar honestidad y
valores, más aún que muchos de ellos
serán el día de mañana agentes de impartición de justicia en nuestro estado y
en México, que requieren de servir a una sociedad de manera justa e
igualitaria.
Precisamente un
servidor que escribe este artículo, se presentó en la tarde del viernes
veintiocho del pasado mes de octubre a la última plática jurídica que tendría
la presencia del juez de distrito por el estado de Chiapas Lic. César Eduardo
Osorio Rosado quien hablaría de la prisión preventiva oficiosa bajo el nuevo
paradigma de los derechos humanos, y estando de manera anticipada en el salón
de la conferencia, se presentó una turba de estudiantes alebrestados por la
maestra multicitada Glendy Aguilar con la intención de interrumpir el evento,
con el pretexto de localizar al director de la facultad o a la secretaria
académica para que respondiera por los reclamos y las supuestas afectaciones
que sufrió la docente, a lo que no permití el ingreso de los alumnos, pues
además no estaban las personas que buscaban.
No omito
manifestar que en un principio tuve cierto temor de ser agredido por la
multitud de muchachos que querían ingresar al salón de los derechos humanos
donde se efectuaría la conferencia, de la cual hablaré posteriormente, sin
embargo logré convencerlos de manera amigable, de que se retiraran ante la
ausencia de los directivos que querían localizar y que el conferencista estaba
próximo a llegar, junto con varios maestros e invitados entre alumnos y público
en general, pero el asunto parecía que no iba a ser fácil pues no se retiraban
del pasillo de acceso al salón de actos, haciendo un gran escándalo con sus
pancartas y finalmente se retiraron, no sin antes mencionar que sus gritos y vociferaciones por el micrófono y bocinas
que llevaron interrumpían las clases de otros salones.
Total que no
procedieron los reclamos de la supuesta afectada, ante las pruebas contundentes
en su contra, que incluyeron videos, pruebas
grafoscópicas y caligráficas de las firmas falsas que realizó la maestra
Aguilar Mena. Ante todo este conflicto creado por los maestros deshonestos y
tramposos, sale tristemente a relucir la falta de ética de estos docentes
tramposos que han dado un mal ejemplo a sus alumnos, cuando debe ser todo lo
contrario, por lo cual no se les debe renovar su contrato laboral por todo el
lío causado, especialmente a la referida maestra Glendy, y al otro abogado implicado,
pues en el caso del profesor faltista Joaquín Cardeña Sánchez, causante
principal de estas faltas de probidad, éste ya renunció ante las contundentes pruebas en su contra. Conclusión no se puede
defender lo indefendible y menos con calumnias e infundios.
