Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
En
la conversación cotidiana y la comunicación pública es frecuente que demos por
entendido que los significados que personalmente tenemos son los mismos que
tienen las personas con las que platicamos o a quienes leemos o nos leen.
Además de obvio y entendible esto responde a un funcionamiento natural y de
sentido común de las personas.
De
tiempo en tiempo vamos cambiando el significado de las palabras, a veces para
clarificar, muchas veces para entender menos. Sin embargo, a través de los
conflictos, las decepciones y las discusiones repetitivas asoma pronto la
amplia variedad de significados o alcances que podemos darle a las palabras,
particularmente a las que usamos con más frecuencia y que suelen cargarse,
además, de afectos y expectativas que amplían tal diversidad.
La
mayor parte de los conceptos centrales en los procesos democráticos requerirían
un claro aterrizaje en las implicaciones que cada cual tenga para las acciones
o beneficios para la ciudadanía. Y aquellos que no lo hacen directamente,
acaban llegando finalmente al mismo punto. Sin embargo, esa claridad conceptual
no suele ir seguida de un planteamiento práctico para entender la forma directa
en la que un buen elemento democrático ha de manifestarse en cuestiones
operativas de la gobernanza, la comunicación o la administración pública, que
en los hechos fortalezcan las decisiones desde la gente a la que se le
considera “El Pueblo”.
Por
ello considero importante visualizar cómo el contraste que suele hacerse
retóricamente entre la demagogia y la democracia muchas veces carece de valor y
sólo aleja la posibilidad de avanzar hacia esos mecanismos directos de
incidencia para la ciudadanía. Por otra
parte, pongo en la misma canasta un concepto poco usado: la instrumentalidad,
que se refiere al uso que le podemos dar a algo, hacer que sirva.
Democracia
y demagogia comparten algo más que una raíz etimológica. La primera hace
alusión al poder ejercido por el pueblo, mientras que la segunda refiere al
arte de saber conducirlo. Ese origen simple y cercano se ha transformado mucho.
A simple vista, en el uso cotidiano y público de los términos, el acento para
la segunda se ha polarizado negativamente, al grado que el propio Diccionario
de la Lengua Española no tiene para él acepción positiva.
Hoy
ha de entenderse (Real Academia Española) a la demagogia como la práctica
política consistente en ganarse con halagos el favor popular o como una
degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante
concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan
de conseguir o mantener el poder. El elemento central, que probablemente domina
en la concepción popular está en el uso de la comunicación, incluso
específicamente en el uso de las palabras para confundir, convencer y generar
seguidores.
A
la democracia parecería estar yéndole mejor, tanto en su significado actual
como en la percepción que la gente puede tener del concepto. El Diccionario de
La Lengua Española la mantiene definida como sistema político en el cual la
soberanía reside en el pueblo y pone de relieve en ella valores esenciales como
la libertad y la igualdad de cada ciudadano/a ante la ley. En los números le va
menos bien, con fluctuaciones importantes, pero conserva elementos a favor; en
México tuvo sus mejores momentos en el primer gobierno de la alternancia
(Vicente Fox), alcanzando 63% en 2002, el máximo histórico; luego hubo un
declive que hasta 2020 lo hizo perder 20 puntos porcentuales (43%) de apoyo a
la democracia; aumentó cinco puntos porcentuales con la llegada de Andrés
Manuel López Obrador a la presidencia, desde el 38% en 2018 al 43% en 2020
(Latinobarómetro, 2021).
Desde
luego en estas mediciones aplica preguntarnos si hay uniformidad sobre lo que
cada persona escucha cuando se le pregunta sobre democracia. Como en muchos
conceptos, la ciencia social afirmaría que no, así que para simplificar vale
especular al menos con dos posibilidades. Por un lado lo que incluye
(significa) la democracia para quienes responden en apoyo a la democracia
versus quienes no lo hacen. Tal vez, la(s) respuesta(s) que indican a favor o
en contra no clarifican la preferencia o actitud hacia el concepto en sí, sino
que reflejan las diferencias del significado mismo que atribuyen.
Parte
de tal duda la ha ido resolviendo uno de los mejores instrumentos que tenemos
para la finalidad de conocer la opinión pública en estos temas: las mediciones
e informes de Latinobarómetro. Elegir entre estas afirmaciones:
a.
La
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
b.
En
algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático
c.
A
la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no
democrático
O
entre satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con
el funcionamiento de la democracia en mi país, ciertamente hace una diferencia,
pero en ambos casos contabiliza las respuestas como si cada persona que
respondiera tuviera un solo significado (con sus implicaciones) acerca de tal
concepto. En el primer caso, esta organización considera que la primera
pregunta atiende al “apoyo” a la democracia, mientras que en el segundo se
trata de la satisfacción.
Una
charla rápida de café (o lo que sea que bebamos y nos anime a charlar), o una
ojeada a hilos de mensajes ante un comentario en redes, dejaría ver que aunque
usemos el nombre democracia y sepamos que nuestro país es oficialmente una
democracia, entendemos de manera diversa lo que es “gobierno”, lo que es
“preferible”, lo que es “autoritario” y obviamente lo que es “democrático”; así
como que lo que suponemos al hablar de mi país, al pensar en mi satisfacción
con cualquier cosa o entender el funcionamiento de algo, especialmente si es
complejo o abstracto, usamos referentes de una amplia variedad, complejidad y
estabilidad.
Y
estamos hablando de un ejercicio que sin duda podemos calificar de científico,
podemos asumir que es objetivo en un sentido por lo menos intencional y que es
un esfuerzo colegiado y profesional y
tal vez imparcial para entender lo que la gente piensa y responde.
Pongamos
ahora la palabra en mente y boca de políticos/as varios… Con cultura,
preparación y conocimiento de la más amplia variedad y calidad; con
intenciones, postura y agenda siempre; con ideas vagas u obsesivas acerca de lo
que deben decir para lograr el voto o mantenerse de la forma que consideren
válida en un cargo o aspirar a otro en el futuro. Y ya de final, para no hacer
interminable el ejercicio, consideremos la coyuntura, momento político o
posición que ocupa el partido al que pertenezca en la geografía y topografía
política del país en este momento.
Es
más sencillo en la práctica, pues la atención que dispone quien quiere poder y
quien lo concede es momentánea o poco duradera y por supuesto cambiante, pero
de toda la diversidad esbozada, cabe reafirmar la postura inicial: de todo lo
que se diga o escriba sobre la democracia el punto es ¿de qué manera conduce a
que en los hechos hayan actos que efectivamente den poder a la ciudadanía para
ser parte de algunas o muchas decisiones de la gobernanza, la administración o al
menos la comunicación pública?
Y
pocas respuestas podemos comentar. E incluso en ellas habrá un revestimiento
más o menos abundante de palabrería que pretenda que quien la propone,
defiende, implementa, cumple o acepta lo hace saber como un cierto modo de
concesión o halago a los sentimientos elementales de los ciudadanos/as, para
tratar de conseguir o mantener el poder; ¡Recordemos!: Demagogia; demagogia
usando la democracia, democracia meramente demagógica.
Hablando
ahora de la aplicación o instrumentalidad que pueda tener la democracia,
empiezo por decir que la democracia alcanza para mucho, en la política, en la
gobernanza, en la academia, en la ciencia, en la estructura social y el
andamiaje institucional… ¿Cuánto de ella le toca a los ciudadanos/as, al
“Pueblo”, que le presta su nombre y recursos, para aprovecharla en elementos
materiales y relacionales de su día a día?
En
nuestra Constitución se menciona a la democracia sólo para unos pocos fines. En
el artículo tercero para definir a la educación, en el vigésimo sexto para
caracterizar al sistema de planeación del desarrollo nacional y en el
cuadragésimo para caracterizar a la República misma (y a los estados -115- y la
Ciudad de México -122). De resto para señalar que se procure su fortalecimiento
en la radiodifusión (6°), el régimen (25°), la elección de asambleas ejidales
(27°) y en el rol de los partidos políticos (41°). Y ya.
La
oportunidad que se aprovechó para definirla es al referirse a la educación, a
la que caracteriza como democrática, considerando el concepto más allá de lo
jurídico y político, como un “sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Parecería entonces que a
pesar de su poca atención al concepto, nuestra Carta Magna sí prevé que la
democracia está allí para bien y mejor del “Pueblo”.
Levine
y Molina (2007) destacan que la política de la democracia es también una lucha
continua por controlar la definición práctica de democracia y ello pone de
relieve el vínculo de los derechos con las dimensiones de la calidad de la
democracia. Ponderan como centrales para la calidad de la democracia aquellos
derechos que en alguna medida hacen posible o facilitan el acceso a los
procesos políticos y sus instituciones.
Tras
una deliberación de sus contrastantes orígenes conceptuales y matices actuales,
Olvera Rivera (2018) considera que la
democracia participativa deviene más un ideal que un proyecto político viable.
Ya
antes he planteado que la ruta para avanzar en el ejercicio cotidiano de la
democracia, considerada ya la diversidad de significados, tiene múltiples
aristas; una de las más relevantes, sin duda es la legislativa, pero también
hemos de considerar lo institucional, lo político y, en especial, las variables
socio psicológicas. Incluido en ello el nivel del ejercicio de la política y la
limitación de que sean los/as propios actores políticos quienes legislen sobre
el acceso de la ciudadanía a las decisiones que, de otro modo, estarían en sus
manos.
Con
ello cobra relevancia y algún grado de practicidad para atender la adecuada
normatividad de los Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) en México la
realización de los Talleres Nacionales de Participación Ciudadana, donde ha
ocurrido la creación del Modelo de Ley Integral de MPC y avances en la
elaboración del Libro Blanco de Los Mecanismos de Participación Ciudadana en
México. Este 30 y 31 de agosto, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estaremos
cerrando el capítulo que se refiere a las Consultas Populares y Ciudadanas.
Con
acciones precisas y aportaciones de las personas e instituciones que atienden
estos temas desde organismos autónomos, academia y sociedad civil se integran y
contrastan los elementos jurídicos e institucionales disponibles en el país y
se formula una propuesta colegiada con prospectiva de convertirse en
instrumentos efectivos para la regulación institucional y el ejercicio
frecuente de las decisiones desde la ciudadanía.
La
complejidad de aterrizar y poner en ejercicio mecanismos de participación
ciudadana (MPC), por bien o mejor desarrollados que estén, se construye desde
lo teórico, técnico, jurídico e institucional, dejando una brecha entre sus
planteamientos iniciales y las aplicaciones que se pueden dar para que
representen un beneficio a la vida cotidiana de personas, en situaciones
concretas.
Hasta
inicios de 2020, sólo 16 de nuestros 32 estados habían realizado algún
ejercicio de cualquiera de los 19 diferentes MPC plasmados en el Modelo de Ley
antes referido (Valladares Sánchez, 2019). De ellos sólo 8, la mitad, habían
realizado más de uno. Y es el plebiscito el que en más estados (9) se había
ejercido, sumando en total 17 ejercicios en todo el País. Demasiado pocos y
falta ahondar en que los niveles de participación alcanzados (votación) se
ubican en la mayor parte de los casos abajo del 10%.
Me
gusta distorsionar el refrán, diciendo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo
usa, y argumentar en ello una cierta artificialidad de los debates en torno a
los MPC y su acceso o potencial para la ciudadanía. Lo evidente es que no hemos
tenido la oportunidad como nación ni como estado o municipio de vivir sus
bondades, ni de analizar sus defectos con base en evidencias suficientes; no
desde la ciencia, ni desde una colectividad ciudadana analítica y objetiva.
Pero,
desde luego, antes de siquiera ver posibilidades de un avance claro en ello,
decenas de gobernantes mencionan, o incluso presumen, estar empleando
modalidades de consulta a las que denominan MPC, a veces con ley que lo respalde, otras actuando en contra de
lo poco que en la ley haya. Y la demagogia: alarde y propaganda en torno al
deseo, garantía y logros de participación ciudadana como bandera para la imagen
de candidatos/as y gobernantes.
Entre
el panorama actual y la implementación de mejoras regulatorias y prácticas que
se proponen en la materia el mejor elemento de viabilidad es que más y más
personas de nuestro País vivan la experiencia de participar y el efecto del
proceso de un auténtica consulta pública, cuyo resultado impacte en su diario
vivir. Es en esos ajustes graduales implementados desde el análisis
especializado y la valoración de la ciudadanía de estos instrumentos para su
bienestar donde debemos transitar y responder a cualquier discurso, para hacer
la auténtica diferencia entre un concepto ambiguo o subjetivo de la democracia la demagogia habitual de nuestros políticos
perennes y la democracia que sirva a fines prácticos de nuestras vidas.
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*Jorge
Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano,
Consultor.
Coordinador
Nacional de la Red Cívica Mx
Doctor en Ciencias
Sociales.
Doctor en Derechos
Humanos.
Psicólogo y
Abogado.
