En Estados Unidos, el debate entre el derecho a poseer y portar armas y la necesidad de establecer mayores controles a ello para proteger garantías superiores como la vida y la integridad de la población es candente. Pero en ella habría un factor singular: una tremenda desigualdad entre quienes poseen armas de modo más intenso y quieren mantener o incluso ampliar esa condición, y el resto de la población que o bien no posee armas o las tiene de modo más discreto.
Ese claroscuro se aprecia en los datos de una encuesta elaborada por las universidades Harvard y Northeastern, dada a conocer por el periódico The Guardian, que revela que poco más de la mitad de todas las armas de fuego en poder de la población Estados Unidos está concentrada en sólo un 3% de los adultos, con un promedio de armas por persona de 17.
En contrapartida, el porcentaje de personas que poseen un arma en el país cayó de 25% a 22% de 1994 a la fecha.
La sociedad estadounidense es singular entre las de los países desarrollados, y en gran medida entre las de cualquier país, por la libertad o permisividad, según se vea, que otorga a la población civil para poseer y portar legalmente armas de fuego, incluso modelos de poder de escala militar.
La Segunda Enmienda de la Constitución avala ese derecho, si bien su redacción es un tanto ambigua y abierta a interpretaciones en un rango muy amplio. Pero aunque existe un intenso clamor social para establecer mayores y muy necesarios controles adicionales a la venta y posesión de armas, ninguno de los que han sido propuestos (y rechazados) recientemente implica alterar las garantías básicas constitucionales en la materia.
Es decir, la gente puede y podrá comprar, poseer y portar sus armas en el país si cumple con los requisitos legales. Y ya lo hace en gran número, pues la encuesta citada estima que actualmente los estadounidenses poseen unas 265 millones de armas.
Pero 133 millones de ellas, como se señaló, están en manos de un grupo relativamente pequeño (a escala poblacional del país), un 3% de ‘superdueños’ que poseen, literalmente, arsenales.
La influencia y estridencia de los defensores a ultranza de los derechos a poseer armas, por ejemplo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y los propietarios de armas más radicales, han conseguido que, pese a las numerosas, trágicas y espantosas matanzas de inocentes perpetradas en años recientes en Estados Unidos por sujetos que poseían armamento de modo legal, no se hayan establecido a escala nacional nuevas regulaciones de modo significativo.
Además, el crecimiento de la cantidad de armas en el país, que pasó de unas 70 millones en 1994 a las 265 millones actuales, se ha dado en el contexto de una considerable declinación de los índices de criminalidad y violencia en el país, cifras que aunque se han incrementado recientemente (impulsadas, sobre todo, por el auge de delitos y homicidios en algunas ciudades) en general se encuentran en niveles históricamente bajos, muy inferiores a los que existían, justamente, a principios de la década de 1990.
Pero el temor y la percepción de que es necesario contar con protección contra la inseguridad y la delincuencia han contribuido al incremento de la cantidad de armas en manos civiles, sobre todo entre mujeres, con propósito de defensa personal.
Con todo, casi la mitad de los propietarios legales de armas, unos 55 millones según la encuesta de Harvard y Norteastern, poseen solo una o dos mientras que 7.7 millones de personas, los ‘superdueños’, que acumulan entre 8 y 140 armas cada uno.
El apoyo popular a la Segunda Enmienda es sustantivo en Estados Unidos y nadie ha propuesto medidas para modificar o anular esa norma constitucional. Pero sí se ha planteado la urgencia de establecer controles mayores, como por ejemplo revisiones de antecedentes más estrictos y la restricción de ciertos tipos de armas (como los llamados rifles de asalto que estuvieron vetados en el país entre 1994 y 2004) y cartucheras de alta capacidad.
Por ejemplo, una encuesta de CNN publicada en junio pasado mostró que el 55% de los encuestados aprueba establecer controles más estrictos a las armas en el país, mientras que 42% de opone a ello. Además, 92% avala establecer revisiones de antecedentes a toda persona que desee comprar un arma para identificar si fue sentenciado por un delito; 87% considera que se debe prevenir que personas que fueron sentenciadas por delitos o que padecen problemas mentales posean armas; 85% cree lo mismo de individuos incluidos en la listas de personas a las que se les prohíbe viajar en aviones o en las de vigilancia por sospecha de terrorismo; y 54% cree que se deben volver a prohibir las armas de asalto (44% se opone).
Pero un consenso también contundente es que el 90% se opone a la noción de prohibirle a toda personal la posesión de armas, posibilidad que solo es respaldada por un 9%. E incluso la NRA, con toda su controversia, es vista de modo favorable por el 58% de los encuestados (35% de modo desfavorable) en un estudio deGallup publicado en 2015.
Así, si bien es claro que el derecho a la posesión y portación de armas está firmemente arraigado en la sociedad estadounidense, también parece serlo la aceptación de la necesidad de establecer mayores controles al respecto.
Los datos de la encuesta de Harvard y Northeastern añaden a ese panorama que, en realidad, solo es un porcentaje reducido de la población quien posee y acumulan arma en grandes proporciones.
