Por: Fernando Belaunzarán.
La frase es precisa. Con sus correligionarios, el
secretario tuvo un ataque de franqueza y no pudo expresar mejor el objetivo de
los cambios a las leyes electorales. Por eso resulta afortunado que Lorenzo
Córdova hiciera públicas las palabras que Adán Augusto López dirigiera a los
senadores de su partido en la apresurada aprobación del plan B, perniciosa
revancha por el rechazo a la contrarreforma constitucional.
Es fácil constatar en lo aprobado el destazamiento del
INE que el funcionario adelantó, pero no lo es tanto hallarle lógica y sentido.
¿Por qué el Ejecutivo quiere poner en riesgo las elecciones presidenciales?
¿Por qué el responsable de la gobernabilidad del país promueve tan pernicioso
elemento de desestabilización? ¿Por qué creerán que les conviene que se pierda
la certeza electoral? ¿Por qué crear un problema de alta explosividad donde no
lo había? ¿Por qué apostar por el caos, estando en el poder?
No es sólo la imposición unilateral de nuevas reglas
del juego por parte de una mayoría que sólo es tal por la sobrerrepresentación
permitida de 8% y que legisló para su faccioso beneficio, violando con descaro
la Constitución y sin cuidar los procedimientos parlamentarios. El golpe a la
estructura del INE y sus capacidades operativas es brutal, desde el cuidado del
padrón y la emisión de credenciales de elector hasta la transportación segura
de la papelería electoral y la transmisión de resultados, pasando por la
ubicación de casillas, la selección y capacitación de sus funcionarios, la
supervisión del cumplimiento de la ley, la fiscalización en campo y el
procesamiento de impugnaciones.
84% de los trabajadores del Servicio Profesional
Electoral sería despedido, y las tareas y los tiempos se compactan, de tal
suerte que serían sustituidos por personas sin experiencia, quienes tendrían
mayores responsabilidades que atender en plazos más cortos, no habría manera de
garantizar su imparcialidad y se estrenarían en las elecciones concurrentes de
2024, cuya complicación salta a la vista por la cantidad de cargos en disputa y
la intensa polarización. La improvisación en condiciones de precariedad y las
ventajas indebidas por la participación abierta de servidores públicos en las
campañas, presagian conflictos a nivel federal, estatal y municipal.
De aplicarse tamaño despropósito, iríamos hacia una
crisis inducida desde Palacio Nacional. Pero es muy pretencioso que el gobierno
piense que podría controlar las fuerzas que se desaten antes, durante y después
de los comicios por la incertidumbre, la desconfianza, la inequidad y el
previsible retorno de trampas que pensábamos superadas a lo largo del
territorio nacional, con todo y la militarización politizada de la seguridad
pública.
Quizá quieran tener abierta la ruta de la anulación
del proceso si los resultados son desfavorables a la corcholata destapada o
hacerse de facto del control de las elecciones para dar un paso decisivo en el
propósito de convertir la hegemonía política que obtuvieron en 2018 en
hegemonía estructural de largo aliento a través del nuevo partido de Estado y
comicios simulados a su medida, lo cual sería jugar con fuego en una
gasolinera.
La SCJN tiene en sus manos evitar la facinerosa
degradación democrática y sus impredecibles consecuencias. Lo único que tiene
que hacer es cumplir con su obligación de hacer prevalecer la Carta Magna y
evitar, mediante suspensión, que haya daños irreversibles al sistema electoral
en lo que resuelven el fondo. Claro, se dice fácil, pero las presiones serán
enormes.
El propio López Obrador ha pedido públicamente a los
ministros que él propuso servir a la “transformación”, señalando que sólo
necesita esos cuatro votos para evitar que declaren inconstitucional el plan B.
Pero los integrantes de la Corte no pueden optar por un proyecto político u
otro. Deberán definirse y tomar partido, pero por la Constitución… y sólo por
ella.
Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a
elegir a sus gobernantes y representantes. Por eso no extraña que, tal y como
lo hicieron en la Marcha Rosa, se estén citando en el Zócalo el 26 de febrero
para recordarle al máximo tribunal que en este tema no se pueden equivocar.
