El 20 de febrero de 2025, Roberto Moreno Herrera, secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), fue separado de su cargo debido a presuntas irregularidades y omisiones en el desempeño de sus funciones. Moreno Herrera, cuyo mandato estaba previsto hasta junio de 2027, tenía la responsabilidad de dirigir labores de asistencia técnica y administrativa para implementar las políticas establecidas por el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Según fuentes consultadas y documentos oficiales obtenidos por Milenio, se detectaron múltiples anomalías a través de denuncias internas y auditorías federales. Entre las más graves se encuentra el uso indebido de recursos para viajes nacionales e internacionales, incluyendo desplazamientos a Hong Kong, realizados junto a su equipo bajo la representación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin contar con la autorización legal correspondiente. Además, se identificó la asignación de sueldos y plazas designadas por él mismo, así como la celebración de convenios que no fueron debidamente notificados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también señaló que varios sistemas y subsistemas que deberían integrar la Plataforma Digital Nacional no estaban operativos. Entre ellos, el módulo destinado a la presentación de denuncias públicas por faltas administrativas o actos de corrupción. A pesar de las notificaciones de estas anomalías, la Secretaría Técnica, bajo la dirección de Moreno Herrera, no implementó acciones correctivas, lo que llevó a que la observación se clasificara como no atendida y se solicitara el inicio de procedimientos sancionadores. A un año de la detección de estos problemas, la Plataforma continúa inoperante, a pesar de haberse invertido decenas de millones de pesos en su desarrollo.
En contraste, Roberto Moreno Herrera negó su destitución, afirmando que continúa desempeñando sus funciones desde su oficina. Esta declaración genera incertidumbre respecto a la situación actual en la dirección del SESNA y plantea interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos destinados a combatir la corrupción en el país.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, garantizando que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada y que los responsables rindan cuentas de sus acciones.
