El régimen chavista de Nicolás Maduro, bajo el liderazgo del ministro del Interior Diosdado Cabello, anunció recientemente la detención de seis ciudadanos extranjeros: dos españoles, tres estadounidenses y un checo. Según las autoridades, estos individuos están acusados de intentar desestabilizar a Venezuela, planeando actos terroristas y portando armamento ilegal. Entre los detenidos se encuentran José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, los españoles señalados, así como los estadounidenses Aaron Darren Logan, Wilmer José Castañeda y Estrella David.
El arresto se realizó en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, y, según la versión oficial, los sospechosos habrían sido capturados mientras tomaban fotografías de instalaciones sensibles. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad afirmaron haber encontrado más de 400 armas supuestamente enviadas desde Estados Unidos, ocultas en contenedores que simulaban llevar productos como alimentos para animales. Estas armas, según Cabello, serían utilizadas por un grupo de mercenarios con el propósito de asesinar a figuras clave del chavismo, incluido el presidente Maduro.
El régimen acusa a estos extranjeros de estar vinculados con grupos opositores dentro de Venezuela, como Vente Venezuela y la organización de Iván Simonovis, ex secretario de Seguridad Ciudadana de Caracas. Cabello también señaló la participación de la CIA en esta supuesta operación desestabilizadora, extendiendo la acusación a varios líderes de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado y Julio Borges.
En respuesta a estas acusaciones, el gobierno de España negó rotundamente que los ciudadanos españoles detenidos formaran parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y solicitó acceso consular inmediato para verificar sus identidades. Además, el padre de uno de los detenidos afirmó que su hijo estaba en Venezuela de vacaciones, rechazando las acusaciones de terrorismo.
Esta detención se produce en un contexto de creciente tensión entre el régimen de Maduro y los gobiernos de Estados Unidos y España, que han criticado duramente el reciente fraude electoral en Venezuela. La situación sigue siendo delicada, con amenazas de ruptura diplomática y sanciones adicionales por parte de Estados Unidos, mientras el chavismo refuerza su narrativa de estar bajo constante ataque del “imperialismo extranjero”.
Este tipo de medidas y acusaciones refuerzan el discurso de las autoridades venezolanas sobre la necesidad de defender la soberanía y la paz del país frente a lo que consideran intervenciones extranjeras hostiles. Sin embargo, la comunidad internacional, en particular organismos de derechos humanos, sigue cuestionando la legitimidad de estas acciones y el respeto a las garantías procesales para los acusados.
Con la situación política en Venezuela cada vez más polarizada, este caso añade una nueva capa de complejidad a las ya tensas relaciones internacionales del país.
