La detención en México de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado por autoridades de Estados Unidos de encabezar una organización dedicada al narcotráfico, ha generado una polémica diplomática y política por las versiones contradictorias sobre cómo ocurrió su captura. El caso ha derivado en cuestionamientos públicos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto de alta sensibilidad por la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Wedding, de 44 años, figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, y su captura estaba acompañada de una recompensa de 15 millones de dólares. La justicia estadounidense lo señala como líder de una red criminal que operaba desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más poderosos del país.
El pasado 22 de enero se confirmó que Wedding había sido detenido en territorio mexicano y trasladado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, la forma en que se produjo esa detención dio lugar a versiones divergentes entre autoridades de ambos países. La semana pasada, el director del FBI, Kash Patel, junto con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informaron que el canadiense fue arrestado en México por agentes del FBI en colaboración con autoridades mexicanas, y posteriormente entregado a la justicia estadounidense.
Esa narrativa contrastó de manera directa con la versión oficial del gobierno mexicano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó públicamente que Ryan Wedding no fue capturado en un operativo, sino que se presentó de manera voluntaria en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, desde donde se gestionó su traslado. Esta explicación fue respaldada posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó de forma categórica que agentes estadounidenses hubieran realizado una operación policial en suelo mexicano.
La postura del gobierno mexicano se sustenta en la legislación nacional, que prohíbe la participación directa de agentes extranjeros en operativos policiales dentro del territorio. Cualquier acción de ese tipo, sin el marco legal correspondiente, implicaría una violación a la soberanía nacional y a los acuerdos de cooperación vigentes entre México y Estados Unidos.
La controversia se intensificó esta semana tras la publicación de un reportaje del diario The Wall Street Journal, en el que se asegura que la captura de Wedding fue resultado de una operación secreta conjunta entre el FBI y autoridades mexicanas. De acuerdo con el medio, las discrepancias públicas entre las versiones ofrecidas por funcionarios de ambos países habrían generado tensiones en la relación bilateral, particularmente en el ámbito de la cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.
Hasta el momento, el gobierno mexicano ha insistido en que no hubo participación operativa de agentes estadounidenses en territorio nacional y que el procedimiento se ajustó al marco legal. No obstante, las versiones encontradas y las revelaciones periodísticas han colocado el caso en el centro del debate público, reavivando la discusión sobre los límites de la cooperación bilateral, la transparencia en los operativos de alto perfil y el respeto a la soberanía mexicana en la lucha contra el crimen organizado.
