El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue detenido el 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Paz en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena. Su aprehensión ocurrió poco más de un mes después de concluir su mandato presidencial, en un contexto político marcado por el relevo de gobierno y el cierre de un ciclo de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo. De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios locales, la intervención fue ejecutada por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, quienes trasladaron al exmandatario a instalaciones policiales sin que hubiera sido convocado previamente a declarar.
La primera versión sobre la detención fue dada a conocer por la exministra de la Presidencia María Nela Prada, quien informó que Arce fue interceptado y conducido en un vehículo con vidrios polarizados hacia dependencias policiales. Señaló que no existía notificación previa para comparecer ante el Ministerio Público y sostuvo que la aprehensión se produjo de manera repentina, lo que generó preocupación entre sus allegados sobre la falta de claridad en el procedimiento judicial. Prada calificó la detención como “arbitraria” y en redes sociales la describió como un “secuestro”, al tiempo que afirmó que Arce había presentado todos los descargos correspondientes cuando fue ministro.
La causa que originó la detención se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos destinados a proyectos productivos e infraestructura para comunidades indígenas y rurales, a través del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y su sucesor. Este fondo fue creado para financiar actividades sociales con recursos provenientes de impuestos a los hidrocarburos y donaciones, pero ha estado bajo investigación por posibles desvíos y pagos indebidos a cuentas personales de funcionarios y para proyectos inexistentes.
Según informes periodísticos, la Fiscalía boliviana y la Policía han estado procesando a varias personas en relación con este caso, incluyendo a la exdiputada Lidia Patty, que fue detenida previamente y cuyo interrogatorio habría implicado a Arce en la autorización de transferencias irregulares durante su etapa como ministro de Economía y Finanzas Públicas bajo el gobierno de Evo Morales. La investigación apunta a que recursos significativos destinados a obras sociales no se ejecutaron o fueron utilizados fuera de su propósito original, lo que podría constituir un daño económico considerable.
El arresto de Arce ha generado una amplia respuesta en el escenario político boliviano. Sectores cercanos al Movimiento al Socialismo y aliados del expresidente han denunciado que la detención representa una persecución política impulsada por el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz Pereira, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre después de ganar las elecciones y poner fin a casi 20 años de gobernanza socialista. Sus críticos sostienen que las acciones judiciales contra líderes del MAS son parte de una campaña para debilitar al partido y sus figuras emblemáticas.
Por su parte, el gobierno actual y autoridades relacionadas con la lucha contra la corrupción han defendido la actuación de la justicia, asegurando que es necesario esclarecer el uso de fondos públicos y garantizar la rendición de cuentas. El vicepresidente Edman Lara, antes de la detención, había declarado en redes sociales que las acciones legales se llevarían a cabo contra quienes hubieran malversado recursos, y celebró la intervención como una muestra del compromiso del nuevo gobierno con la transparencia.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han divulgado un comunicado oficial detallado con los cargos específicos que se imputarán formalmente a Arce, aunque se espera que en los próximos días se lleven a cabo audiencias de medidas cautelares y se precise la acusación ante un juez. El desarrollo de este caso continúa siendo observado con atención tanto en Bolivia como en la comunidad internacional, debido a sus implicaciones políticas y al impacto que puede tener en la percepción de la lucha contra la corrupción en el país andino.
