Por: Roberto Uscanga Hernández.
Cuando se habla de que el gobierno estatal quiere pedir un financiamiento mucha gente se eriza y piensa que la entidad se endeudará con resultados desastrosos para las finanzas.
Esta reacción es normal y sucede porque muchas veces se han tenido experiencias previas con administraciones pasadas donde el derroche y el mal manejo de los recursos era práctica común y cuyos resultados se siguen pagando como el contrato para la construcción y operación a 20 años del Gran Museo del Mundo Maya realizado durante el último año del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Este se realizó bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS); y en un principio se presupuestó en 410 millones de pesos, cifra que luego pasó a 500 millones y de ahí a 800 millones. Sin embargo, luego se supo que las siguientes cuatro administraciones estatales deberían pagar a la operadora una contraprestación de 2 mil 860 millones de pesos, a razón de 143 millones de pesos anuales, para la operación y mantenimiento de las instalaciones. Para ello el gobierno de Ortega Pacheco comprometió las participaciones federales de las próximas dos décadas.
Lo anterior viene a colación porque nos enteramos que el gobierno de Mauricio Vila mandó una iniciativa al Congreso para poder adquirir financiamiento por $1735 millones para el proyecto del Ie-Tram, que vendría a seguir transformando el sistema de transporte público en la entidad. Sin embargo, la situación es muy distinta, totalmente.
Esos $1735 millones representan el 61% de la inversión total de $2,820 millones de los cuales, Banobras hará lo mismo con aproximadamente el 23%; y la iniciativa privada hará lo propio con un 16% que se destinarán para la adquisición de autobuses eléctricos, construcción de calles laterales en el cuerpo interior y exterior del periférico de Mérida, así como de puentes peatonales, edificación de Centros de Transferencia Modal y paraderos.
Y aunque técnicamente algunos despistados puedan llamarle “deuda pública” la realidad es que esa pesada connotación no representa ni de lejos una afectación significativa a las finanzas del Estado como en su momento fue el dichoso museo. Ahora veremos porqué razón.
En el mundo de los tecnócratas del gobierno se dice que hay finanzas estables en una administración cuando se logra un balance presupuestario “positivo”. En el caso de Yucatán, las finanzas arrojaron un saldo positivo en 2019 y 2021, y al menos en el primer trimestre del presente año un saldo positivo de $2,531 millones.
Este balance fue posible gracias a dos factores: en este lapso hubo una mayor recaudación, debido a las políticas públicas implementadas para la reactivación de la economía derivado del impacto por el Covid-19, además de un conjunto de medidas de control estricto del gasto implementadas desde el inicio de la administración. Todo esto ha contribuido a la sostenibilidad de sus finanzas.
Si consideramos que el gobernador Vila Dosal logró una importante renegociación de la deuda del Gran Museo del Mundo Maya -consiguió ahorrar casi $1500 millones- y el refinanciamiento de la deuda pública total, se puede observar de acuerdo a los informes de sus tecnócratas que prácticamente el gobierno del ex alcalde meridano se ha mantenido en los mismos niveles de 2018 en cuanto a servicio de la deuda pública.
¿Esto que quiere decir? Que la administración tiene un amplio margen crediticio, es decir, actualmente, la estructura de los créditos bancarios que integran la Deuda Pública de largo plazo cuentan con la calificación crediticia más alta en la escala local (AAA). Esto significa que ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y representa el mínimo riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros adversos, lo que permite el acceso a las mejores tasas de interés pactadas.
A veces uno no entiende ese lenguaje de los especialistas porque sólo ellos entienden de lo que hablan cada vez que rinden sus informes. Pero lo cierto es que los tecnócratas han cuidado el tema del servicio de la deuda a los mismos niveles del último año de la administración de Rolando Zapata, cuando el ex gobernador priísta recibía de la Federación $9500 millones de libre disposición por parte del gobierno federal en contraste de la actual administración que apenas recibió para este año $3500 millones.
Si se considera que el Ie-tram, además de unir Mérida, Kanasín, Umán y 137 colonias, con lo cual se va a beneficiar a 136 mil personas de manera directa, cerca de 200 mil de manera indirecta, y se beneficiarán más de 3 mil negocios donde se extiende su ruta y 20 mil trabajadores, entonces no hay razón para temer que esta inversión no tenga un retorno inmediato o que desestabilice las finanzas públicas.
Por el contrario. Es un escenario totalmente opuesto a otras administraciones y representa una gran oportunidad para invertir en obra pública que durante los últimos años se ha visto restringida por numerosas causas. Así que agoreros del mal, vale la pena evitar los temores infundados tratando de entender el debe y el haber de quienes hoy conducen las finanzas en la entidad.
