El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha impulsado una estrategia dirigida a que personas migrantes en situación irregular salgan voluntariamente del país mediante incentivos económicos y logísticos, según informan agencias especializadas en seguimiento de políticas migratorias.
La iniciativa, vinculada al uso de la aplicación móvil CBP Home —anteriormente conocida como CBP One y diseñada para trámites fronterizos— ofrece a quienes se registren para dejar el país asistencia de viaje gratuita y el pago de un estipendio una vez completada la salida.
Con base en documentos oficiales del DHS, la oferta integra un subsidio económico y otras facilidades que buscan reducir el costo logístico para las personas que deciden salir por su propia voluntad. El gobierno estadounidense ha señalado que esta alternativa pretende ser una opción más “digna” y menos costosa que los procesos formales de detención y deportación forzada, que según estimaciones internas implican un gasto público significativamente mayor por persona.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales han expresado dudas sobre la voluntariedad de este tipo de programas, argumentando que la presión de una política migratoria estricta puede convertir la “elección” de salida en una decisión tomada bajo coacción, especialmente cuando se combina con la amenaza de detención o deportación forzosa.
Históricamente, iniciativas similares han generado debate sobre si ofrecen una alternativa legítima para que las personas sin estatus migratorio permanezcan en condiciones de dignidad, o si sirven como mecanismos que incentivan la renuncia a derechos legales disponibles, incluidos posibles procesos de asilo u otras formas de protección migratoria.
Las cifras oficiales sobre cuántas personas han optado por la autodeportación a través de estos programas no siempre coinciden con análisis independientes, lo que ha generado cuestionamientos adicionales sobre la transparencia del proceso y sus resultados.
La discusión sobre este tipo de estrategias se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias en Estados Unidos que han buscado incrementar el control de flujos migratorios, simplificar procedimientos de salida y reducir el costo financiero de las deportaciones, mientras grupos de derechos humanos llaman a respetar garantías legales y asegurar procesos justos para todas las personas.
