Alejandra María Ang. Hernández, diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, fue retenida por autoridades estadounidenses en el cruce fronterizo de Calexico, en California, tras intentar ingresar al país con una cantidad de dinero en efectivo que superaba el límite permitido sin declaración. El incidente ocurrió la tarde del lunes 5 de enero cuando la legisladora, a bordo de su camioneta particular, fue sometida a una revisión de rutina por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes localizaron aproximadamente 800 000 pesos mexicanos, equivalentes a cerca de 40 000 dólares, ocultos en distintos compartimentos del vehículo.
La legislación estadounidense exige que cualquier monto superior a 10 000 dólares en efectivo o su equivalente en moneda extranjera sea declarado al ingresar al país, requisito que no fue cumplido por Ang Hernández al cruzar la frontera, lo que motivó su retención por alrededor de cinco horas. Durante ese tiempo fue llevada a las oficinas administrativas de la CBP para una inspección más detallada y entrevistas, conforme a los procedimientos establecidos para estos casos.
Tras el incidente, la diputada emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “error” administrativo y negó irregularidades en el origen de los recursos. Ang Hernández explicó que el dinero en efectivo provenía de ahorros personales acumulados durante años de trabajo junto con su esposo, así como de la venta de un automóvil, y que estaba destinado a la compra de un vehículo nuevo en Estados Unidos o a ser depositado en una cuenta personal. Aseguró que no resguardó adecuadamente el efectivo en su domicilio antes de intentar cruzar la frontera, lo que derivó en la falta de declaración ante las autoridades de CBP.
La diputada enfatizó que los recursos son de procedencia lícita y que se encuentra atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de su propiedad conforme a los requisitos legales. Asimismo, aclaró que el incidente no derivó en la revocación de su visa o documentos migratorios, que permanecen vigentes, y afirmó que coopera plenamente con las autoridades correspondientes para cerrar el trámite con puntualidad.
El caso ha generado atención pública y política en México en un contexto de sensibilidad sobre el manejo de recursos y transparencia de los servidores públicos, especialmente por tratarse de una legisladora que preside la comisión encargada de supervisar el gasto público en Baja California. Aunque la diputada sostiene que se trató de un descuido y no de una acción deliberada, el episodio se encuentra bajo revisión administrativa por parte de las autoridades estadounidenses y ha puesto bajo escrutinio la actuación de Ang Hernández en este episodio fronterizo.
Este suceso se suma a otras controversias recientes relacionadas con políticos mexicanos y sus relaciones migratorias con Estados Unidos, en un contexto en el que la política de cruce fronterizo y fiscalización de recursos es estricta y monitoreada de cerca por ambas naciones. En el entorno político interno, el incidente ha sido observado con interés por diversos sectores debido a la relevancia de la legisladora en la escena pública estatal y su papel dentro del grupo parlamentario de Morena en Baja California.
