En una controvertida sesión legislativa, los diputados morenistas y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley de Seguridad Pública de Campeche, otorgando el control total del Consejo Estatal de Seguridad Pública a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz. A pesar de las advertencias y críticas de la oposición, esta reforma también otorga a Muñoz el control de instituciones clave como el C-5 y el Centro de Evaluación y Control de Confianza, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la concentración de poder y posibles conflictos de interés.
El diputado de la oposición Ricardo Medina Farfán fue uno de los principales críticos de esta decisión. Medina señaló que, bajo la gestión de Marcela Muñoz, los índices delictivos en Campeche han aumentado significativamente. “Si hoy la seguridad está en crisis, ¿por qué se le da más poder a quien ha fracasado en proteger a los campechanos?”, cuestionó. También expresó su preocupación por la independencia de las instituciones de seguridad, alertando sobre los riesgos que implicaría una mayor concentración de poder en una sola persona, sobre todo cuando existen lazos familiares entre Marcela Muñoz y altos funcionarios en el sistema de seguridad del estado.
A pesar de los argumentos en contra, la reforma fue aprobada, alineándose con las directrices de la gobernadora Layda Sansores, quien apoya la gestión de Muñoz y ha defendido los cambios como necesarios para mejorar la seguridad en el estado. Sin embargo, la decisión ha generado un amplio debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad actuales y el impacto que podría tener esta reforma en la protección de los ciudadanos campechanos.
